Política fiscal progresiva en México

A lo largo de la historia, han existido diversas formas de gobierno, desde monarquías absolutas parlamentarias hasta dictaduras, aristocracias y tiranías, evolucionando hasta las repúblicas, que predominan en el contexto actual y son consideradas por muchos como la mejor forma de organización política. A simple vista, pareciera ser que no tienen nada en común, empero, hay una característica que se da entre todas ellas y esta es: la existencia de impuestos.

Trimestre: 25-I
Módulo: VIII
Integrantes: Garibay Iglesias Leonardo Daniel.

Mendoza Alva Arturo Ehecatl.
Docente: MTRO. AYALA CEJA HEBER

El siguiente trabajo es realizado por alumnos de la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, cualquier duda o aclaración mandar un correo a: economia@correo.xoc.uam.mx

ÍNDICE

Introducción 2

Capítulo uno: Política fiscal en México y estado de la economía desde los ochentas hasta la actualidad 6

1.1 Evolución de la Política Fiscal: Contexto Internacional y Retos Nacionales desde 1930 hasta la Actualidad 6

1.2 Estado actual de la economía mexicana 9

Capítulo dos: Políticas fiscales en otros países (países desarrollados y Latinoamericanos) y sus efectos 16

2.1. La recaudación fiscal 16

2.2. Índices de desigualdad 21

2.3. Efectos en la inversión 22

Capítulo tres: Medidas de política fiscal progresiva y sus posibles efectos en México 25

3.1. ¿Qué medidas de política fiscal adoptar? 25

3.2. La política fiscal progresiva: la base para el Plan México 27

3.3. Posibles efectos de la implementación de una política fiscal progresiva en México 30

Conclusiones 32

Referencias 35

Introducción

A lo largo de la historia, han existido diversas formas de gobierno, desde monarquías absolutas parlamentarias hasta dictaduras, aristocracias y tiranías, evolucionando hasta las repúblicas, que predominan en el contexto actual y son consideradas por muchos como la mejor forma de organización política. A simple vista, pareciera ser que no tienen nada en común, empero, hay una característica que se da entre todas ellas y esta es: la existencia de impuestos. En la actualidad, los impuestos son un componente fundamental de la política fiscal de cualquier nación, siendo una herramienta clave para consolidar gobiernos, reducir la brecha de pobreza e invertir en sectores estratégicos para la economía. Además, permiten al Estado cumplir con sus obligaciones y financiar proyectos prioritarios. Sin embargo, en México, la recaudación tributaria es baja en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y la política fiscal vigente no ha logrado disminuir significativamente la desigualdad económica.

La implementación de una política fiscal progresiva en México es algo de lo que ya se ha venido hablando en los últimos años dadas las condiciones de desigualdad en términos tributarios que presenta el país, así como la distribución de la riqueza.

Distintas naciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, han adoptado políticas fiscales de este estilo para contrarrestar la misma problemática en sus territorios. Los resultados han sido variados, pero con las condiciones de desigualdad que persisten en México, creemos que estudiar y analizar las consecuencias que tendría adoptar estas políticas es de suma importancia, en especial concentrándose en índices macroeconómicos como la desigualdad, niveles de pobreza extrema o la inversión.

Conociendo la importancia de esta investigación, nos preguntamos ¿Qué efectos traería en el nivel de desigualdad, la inversión y la pobreza extrema en México la implementación de una política fiscal progresiva?

Entendemos que lo que se busca con una política de este estilo es redistribuir la riqueza de una nación, lo cual parece urgente viendo la desigualdad que existe México, pero sabiendo el nivel de corrupción que presentamos como país, queremos conocer las limitaciones que se presentarían en una situación donde la política ya estuviera aplicada.

Previo al análisis de los datos presentados en la investigación, nuestra hipótesis consiste en que una política de este estilo haría que el uno por ciento más rico del país pague impuestos mucho más elevados, lo que generaría mayores recursos al gobierno mexicano para el gasto público, como podría ser en programas sociales, educación, salud, pensiones y apoyo a la vivienda, por ejemplo; al igual que en inversión en infraestructura, tema bastante crucial para el gobierno en turno. Con más recursos disponibles para las personas de menores ingresos, es probable que se incrementen las compras de bienes y servicios, lo cual, a su vez, podría impulsar la demanda agregada y fortalecer sectores clave de la economía como el comercio minorista y la manufactura.

En términos de inversión creemos que también resultaría beneficioso puesto que, al generar una percepción de mayor justicia, tanto económica como social, habría mayor confianza para la inversión en el país, tanto doméstica como extranjera.

La productividad laboral también se vería beneficiada por esta política bajo el supuesto de que, con la recaudación mayor, el gobierno aumentaría el gasto en educación, lo cual sería una inversión a largo plazo para el desarrollo del país.

Una política fiscal progresiva bien diseñada podría orientar recursos hacia regiones más empobrecidas de México. La mejora de las condiciones en estas zonas, tanto en infraestructura como en servicios, podría hacer crecer el consumo y la inversión en estas áreas, cerrando brechas económicas y reduciendo la desigualdad regional.

Por otro lado, tenemos las dificultades que presentaría esta política fiscal, principalmente tenemos a la corrupción y a la evasión fiscal. La primera, como ya hemos señalado, resulta en una de las mayores problemáticas de la nación, la cual se agravaría teniendo en cuenta que el propósito de la política fiscal progresiva es aumentar los recursos del gobierno, lo que inevitablemente llevaría a que la percepción de corrupción aumentase drásticamente.

En segundo lugar, tenemos a la evasión fiscal, cosa con la que el gobierno se ha enfrentado durante el último sexenio, dando malos resultados para resolver esta problemática, y en el contexto de la implementación de la política fiscal, este problema no haría más que agravarse.

Si bien una política fiscal progresiva podría mejorar la distribución de la riqueza, podría generar inquietudes en algunos sectores empresariales, especialmente si las nuevas cargas fiscales se perciben como una amenaza al entorno competitivo. En lugar de invertir en expansión o innovación, las empresas podrían optar por reducir costos, lo que podría frenar la inversión.

Así pues, creemos que una política fiscal progresiva traería consigo más beneficios que costos en el mediano y largo plazo, por lo que su implementación debería ser más considerada en el ámbito político, pues, a nuestro parecer, esta política sería la base para el recientemente publicado Plan México, con el cual se pretende llevar al país a un nivel de desarrollo mucho más importante, pero para alcanzar dichos objetivos de dicho plan es necesario contar con una recaudación fiscal más eficaz, además de ser una manera más justa para la sociedad en general. 

En esta investigación analizaremos la factibilidad de la implementación de una reforma fiscal progresiva en México, analizando los efectos en IED, desigualdad, a través del índice de Gini y pobreza extrema que ha traído consigo esta política en Francia, Suecia, Noruega y Uruguay, haciendo énfasis en el análisis a Brasil, esto, a manera de comparativa con México dada su política fiscal más cercana a éste. 

La presente investigación se compone de tres capítulos, en donde cada uno de ellos nos brinda una base para llegar al objetivo general de la misma; el primero aborda la historia y el desarrollo de la política fiscal en el país desde 1980 hasta la actualidad, con el objetivo de comprender su impacto en la economía nacional. Para el segundo tenemos un análisis de diferentes países los cuales han implementado un régimen impositivo orientado hacia la equidad, lo anterior ha permitido que alcancen importantes porcentajes de recaudación con respecto al PIB, dentro de estos países destacan; Francia, Noruega, Suecia, Uruguay y Brasil. Para nuestro último capítulo se presentan algunas medidas de política fiscal progresiva y sus efectos potenciales para la economía nacional, haciendo énfasis en la viabilidad que resulte de financiar parcialmente el Plan México. Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del análisis que se desarrolló en los capítulos anteriores.

Los resultados apuntaron a un alto beneficio para todos los países que cuentan con una recaudación impositiva alta en cada uno de los indicadores analizados.

Los niveles de inversión extranjera directa no parecen haber sido afectados negativamente por causa de una recaudación impositiva progresiva en los cuatro países analizados, por el contrario, dichos niveles en varios de estos países se han mantenido estables o aumentado; teniendo siempre en consideración que estos niveles son muy propensos al cambio dada su dependencia de varios índices económicos de cada país.

Por su parte, los niveles de desigualdad son considerablemente más bajos en los países con una política fiscal progresiva acompañada de un Estado social fuerte. Lo que implica que, a su vez, los niveles de pobreza extrema sean prácticamente nulos en estos mismos países, mientras que estos dos mismos indicadores, tanto en México como en Brasil, sean alta y preocupantemente altos, aunque los datos más recientes muestran que su tendencia es a la baja en los últimos años.

Capítulo uno: Política fiscal en México y estado de la economía desde los ochentas hasta la actualidad

La política fiscal se ha consolidado como una de las principales herramientas económicas utilizadas por los gobiernos, ya que permite la recaudación de impuestos a partir de la actividad de los agentes económicos. Sin embargo, ¿cuáles son sus antecedentes y cómo ha evolucionado en el caso de México? En este capítulo, se abordará la historia y el desarrollo de la política fiscal en el país desde 1980 hasta la actualidad, con el objetivo de comprender su impacto en la economía nacional.

1.1 Evolución de la Política Fiscal: Contexto Internacional y Retos Nacionales desde 1930 hasta la Actualidad

La política fiscal es considerada por distintos autores como uno de los temas centrales durante la década de 1930, esto gracias al contexto internacional que se estaba viviendo en ese entonces, el modelo cuyo precursor y máximo exponente John Maynard Keynes que proponía la expansión del gasto público fue utilizado a fin de atenuar las consecuencias devastadoras que trajo consigo la crisis del ´29, además de conseguir una redistribución de la riqueza mucho más justa. El presidente de los Estados Unidos de América Roosevelt tuvo que lidiar con el desempleo masivo, producto de la crisis de 1929 (Peacock, A y Shaw G.K., 1974); el escenario perfecto para poner a prueba la teoría del afamado economista; a pesar de aumentar el gasto público Roosevelt sabía que no debía de excederse en proyectos de poca o nula utilidad.

En la década de 1980, México enfrentó una severa crisis económica derivada del endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo, lo que llevó a la implementación de políticas de ajuste estructural bajo el sexenio del entonces presidente Miguel de la Madrid, posteriormente se alinearon con el consenso de Washington. 

Durante este período, la política fiscal se caracterizó por la reducción del gasto público y la búsqueda de estabilidad macroeconómica. El gobierno mexicano implementó reformas para reducir el déficit fiscal, incluyendo recortes al gasto social y la privatización de empresas públicas. Estas medidas tuvieron un impacto regresivo en la distribución del ingreso, ya que afectaron principalmente a los sectores más vulnerables.

Posteriormente, en la década de 1990, México profundizó su modelo neoliberal con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. La política fiscal durante este período se enfocó en mantener bajos niveles de déficit y deuda pública, lo que limitó la capacidad del Estado para invertir en programas sociales e infraestructura. Además, los grandes flujos de recursos que provenían del exterior provocaron un periodo de euforia entre diversos sectores que van desde el público hasta el privado, sobre todo este último sector fue el que más se encontraba entusiasmado por estos significativos recursos, seguido de una depreciación grave de la moneda y una breve pero severa recesión económica en 1995 (Ramos, 2001).  

Durante la primera década del siglo XXI, México mantuvo una política fiscal conservadora, enfocada en la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Sin embargo, la dependencia de los ingresos petroleros y la falta de reformas fiscales profundas limitaron la capacidad del gobierno para aumentar el gasto social y reducir la desigualdad. En un intento por mejorar la recaudación, en 2007 se implementó una reforma fiscal que introdujo el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), pero estas medidas no lograron aumentar significativamente la recaudación ni mejorar la progresividad del sistema tributario, particularmente para el sector empresarial estos impuestos presentaban una carga fiscal importante que por si fuera poco eran complejos de calcular lo cual hacía que fácilmente incurrieran en el cumplimiento de sus cargas fiscales (El Universal, 2013), por lo que la eliminación de estos impuestos tuvo una gran aceptación dentro de diversos gremios como el de construcción. Como consecuencia, la desigualdad económica persistía y la capacidad del Estado para financiar programas sociales seguía siendo limitada. 

En 2013, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se aprobó una reforma fiscal integral que buscó aumentar la recaudación y mejorar la equidad del sistema tributario. Esta reforma incluyó la eliminación de varios regímenes especiales, la creación del Impuesto sobre Alimentos no Básicos y Bebidas Azucaradas, y un aumento en la tasa del Impuesto sobre la Renta para personas físicas de altos ingresos. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas no fueron suficientes para reducir la desigualdad y que el sistema fiscal sigue siendo regresivo en términos de su impacto sobre los hogares de menores ingresos (Esquivel, 2015).

En la actualidad, el debate sobre la política fiscal en México se centra en la necesidad de implementar un sistema más progresivo, que aumente la recaudación a través de impuestos directos (como el impuesto sobre la renta y el impuesto predial) y reduzca la dependencia de los impuestos indirectos, que afectan desproporcionadamente a los hogares más pobres (CEPAL, 2020). Además, la discusión también aborda la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y reducir los altos niveles de evasión y elusión fiscal. En este contexto, el futuro de la política fiscal en México dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que garanticen una distribución más equitativa de los recursos y una mayor inversión en el desarrollo social y económico del país.

De esta manera podemos comenzar a analizar la recaudación fiscal con relación al PIB en México. La siguiente gráfica (1.1.1) nos muestra el porcentaje que representa la recaudación impositiva en relación con el PIB, donde podemos destacar que esta recaudación ha ido en aumento en los últimos diez años, donde hemos superado el porcentaje de 1982, que marcó el punto máximo antes caer en crisis económicas, como el “error de diciembre” en 1994, que se ve claramente en la gráfica al caer la recaudación a 8%, pero teniendo el mínimo dos años después con un 7.9%. Después de eso, la gráfica muestra una recuperación que se ve detenida en el 2004 y posteriormente se estanca en el 2008 por la crisis financiera de aquel año.

A partir del 2014, se implementó una reforma fiscal que incluyó el cobro de impuestos a alimentos no básicos y bebidas azucaradas, así como un aumento en las tasas del ISR (Impuesto Sobre la Renta) y el IVA (Impuesto al Valor Agregado); esto trajo consigo una mayor recaudación fiscal, pero desigual.

Gráfica 1.1

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Fuente: Banco Mundial y Recaudación BID-CIAT

El aumento en el porcentaje de recaudación impositiva en relación con el PIB ha ido en constante aumento, llegando a su máximo en el último año que se muestra en la gráfica con un 14%, sin embargo, si comparamos este porcentaje con otros países (lo cual hacemos en el siguiente capítulo), veremos que estamos muy lejos de llegar a una recaudación más eficaz como lo hacen países con políticas fiscales progresivas, ya sean europeos o latinoamericanos.

1.2 Estado actual de la economía mexicana

Como se ha mencionado en el apartado anterior desde la década de 1980, la economía mexicana ha sido un ejemplo de la implementación de la globalización en una economía emergente, lo notamos por la liberalización comercial y la firma de tratados comerciales, estos en un intento de salir de la terrible crisis que se presentó en nuestro país como se mencionó anteriormente. Algunos de estos acuerdos fueron el GATT en el año de 1986, el TLCAN en 1994 y la adhesión a la Organización Mundial del Comercio o también conocida como OMC, además del Consenso de Washington (Ortiz, Valencia, & Capraro, 2021).  Este periodo también se conoce como “Gran Modernización”, dicho periodo se caracterizó por una menor volatilidad macroeconómica y una estabilidad de precios más controlada. No obstante, esta apertura comercial también ha creado efectos contraproducentes como lo es la alta dependencia de las exportaciones manufactureras y la inversión extranjera directa (IED), así como una desigualdad estructural cada vez más marcada.  En este capítulo, se examinarán los principales indicadores económicos para comprender la situación actual de la economía mexicana y sus retos en materia de política industrial, monetaria y comercial.

Antes de conocer los efectos económicos de la aplicación de una política fiscal progresiva en México, primero es necesario saber en qué estado se encuentra la economía del país, así que como primer macro indicador tomaremos a la inversión extranjera directa (IED).

México ha sido un gran país para invertir en los últimos años como se observa en la gráfica 1.2.1 A partir del inicio del nuevo milenio, la inversión en México aumentó dada la apertura comercial iniciada con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, el cual fue sustituido por el actual TLCAN. La eliminación de barreras comerciales y la apertura de mercados consolidaron a México como un destino clave para empresas extranjeras, especialmente en sectores como el automotriz, manufacturero y de telecomunicaciones. Otro punto a considerar en este aspecto es que ha sido parte fundamental para la atracción de IED ha sido la implementación del Trato Nacional, el cual consiste en que “Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado” (OMC, s.f.) y el Trato de Nación Más Favorecida, este consiste en que  “los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales” (OMC, s.f.), es decir, si a un país se le atribuye una ventaja, se tiene que aplicar de igual manera a los demás miembros de la OMC, ejemplo de ello puede ser la reducción de algún tipo de arancel. Además, debemos mencionar que dichos tratados se encuentran disponibles en el capítulo 2 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Gráfica 1.2.1

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Fuente: Banco Mundial

En la gráfica se observan grandes repuntes de la inversión en México, destacando la que hubo en el 2001 y la del 2013, que coincide con la implementación de la reforma energética, que permitió la participación del capital privado en el sector petrolero. 

En los últimos años, la inversión extranjera ha mostrado cierta estabilidad, reflejando tanto la recuperación post pandemia como el impacto de factores como la relocalización de empresas (nearshoring) y los desafíos internos en materia de seguridad y regulación.

Si bien la política fiscal no ha tenido gran impacto en la inversión en México, creemos que sería afectada en cierta medida por la implementación de una política fiscal dirigida a los grandes capitales, pues este es el principal argumento que usan los retractores de la implementación de dicha política en el país. No obstante, la inversión no depende exclusivamente de los beneficios fiscales que pueda tener una empresa extranjera en el país, sino que también influyen factores como la estabilidad macroeconómica o los costos laborales.

Otro indicador económico importante que pretendemos analizar es el de la desigualdad, pues las políticas fiscales se encargan, precisamente, de la distribución de la riqueza de una nación. Para medir el grado de desigualdad en el país tenemos indicadores como el de Gini, que es una medida estadística que se utiliza para medir el nivel de desigualdad en un rango entre 1 y 0. Por un lado el 1 representa una desigualdad máxima, donde una sola persona concentra todo el ingreso o riqueza, y el resto no tiene nada; mientras que el 0 representa una distribución perfectamente igualitaria, donde todos los individuos tienen el mismo ingreso o riqueza.

Así, la siguiente gráfica (1.2.2) muestra el índice de Gini en México entre los años del 2008 a 2022, donde podemos destacar la caída que ha tenido el indicador a partir del 2018. Pero previamente a esa caída, la desigualdad se había mantenido en un porcentaje bastante alto hasta el 2016.

La caída a partir del 2018 se puede entender de acuerdo con diferentes factores, como podría ser el salario, pues el salario mínimo aumentó históricamente a partir de ese año, lo cual trajo consigo un efecto directo a los trabajadores; los programas sociales que comenzaron a partir del sexenio iniciado en ese año también influyeron en gran medida para la reducción de desigualdad; otro factor que puede haber influido en los últimos años para la reducción del índice de Gini son los apoyos económicos y subsidios a sectores económicos vulnerables durante la pandemia del 2020.  

Gráfica 1.2.2

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Fuente: INEGI

La tendencia a la baja del índice de Gini en los últimos años sugiere que las políticas de redistribución han tenido un impacto, pero es importante evaluar su sostenibilidad. Además de que dicha reducción en el índice aún es insuficiente viendo los índices de Gini de otros países (véase capítulo 2). 

Gráfica 1.2.3

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Fuente: Banco Mundial

La gráfica que se presenta muestra la evolución de las exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB de México desde 1980 hasta 2023, según datos del Banco Mundial. A grandes rasgos, se observa una tendencia creciente a lo largo de las décadas, con fluctuaciones en momentos de crisis o de cambios estructurales en la economía mexicana, y un ligero descenso hacia 2023. Además de ello, se presenta un crecimiento significativo a partir de la apertura comercial y la entrada en vigor del entonces TLCAN en 1994. Esta variable macroeconómica es de gran relevancia para el análisis del presente trabajo, ya que, un mayor dinamismo en el comercio exterior puede impactar en la recaudación fiscal. No es una sorpresa que México es un país que depende en gran medida de impuestos indirectos, como lo puede ser el Impuesto al Valor Agregado (también conocido como IVA), un aumento en el nivel de exportaciones puede tener impactos negativos en la recaudación fiscal, puesto que este tipo de ventas están exentas de este impuesto (Banco Mundial, 2014). 

En la crisis de 2008-2009 la gráfica muestra un estancamiento o una ligera caída. La respuesta del gobierno federal en aspecto fiscal podríamos decir que fue moderada, pues se tuvo un incremento temporal en el gasto público y la deuda. Esto fue con el fin de sostener la economía frente a la contracción externa. Este escenario nos da pie a remarcar la fragilidad que tenemos ante choques externos y como las consecuencias de estos impactan de una u otra manera a la economía nacional.

Asimismo, el aumento de las exportaciones puede generar efectos indirectos en la política fiscal mediante la atracción de inversión extranjera y el crecimiento del empleo en sectores clave. Sin embargo, si las ganancias de las empresas exportadoras no se traducen en una mayor contribución fiscal progresiva, el esquema impositivo podría volverse más regresivo. Por lo tanto, es fundamental analizar mecanismos como la imposición de impuestos sobre las utilidades empresariales y medidas que aseguren que el crecimiento del comercio exterior contribuya a una redistribución equitativa de la riqueza (Banco Mundial, 2024).

Por último, tenemos la gráfica 1.2.4 que nos muestra la tasa de crecimiento del PIB de México desde 1980 hasta 2023, donde se aprecia fácilmente la volatilidad que tiene dicho indicador en el país. Estas caídas y crecimientos son producto de factores externos como internos, donde no nos centraremos en esta investigación. Así que lo más resaltante del comportamiento de esta gráfica es el promedio de 2.2% de crecimiento del PIB mexicano en estas casi cuatro décadas, porcentaje que nos parece muy corto en comparación con otros países en vías de desarrollo, en comparación con el promedio anual de crecimiento que tuvo México en décadas anteriores al neoliberalismo, donde alcanzó un promedio del 6% anual.

Gráfica 1.2.4

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Fuente: Banco Mundial

Ahora que conocemos un poco sobre el estado actual de la economía mexicana, podemos avanzar en una de las muchas posibles soluciones para los problemas que aqueja a nuestro país, la implementación de la ya mencionada política fiscal progresiva. La cual, como veremos, ha traído resultados muy positivos en países que la han aplicado correctamente.

Capítulo dos: Políticas fiscales en otros países (países desarrollados y Latinoamericanos) y sus efectos

Es momento de analizar el impacto que las políticas fiscales progresivas han tenido en la recaudación tributaria y sus implicaciones en la distribución del ingreso y la inversión. Dentro del presente capítulo se hará un análisis de diferentes países los cuales han implementado un régimen impositivo orientado hacia la equidad, lo anterior ha permitido que alcancen importantes porcentajes de recaudación con respecto al PIB, dentro de estos países destacan; Francia, Noruega, Suecia, Uruguay y Brasil.

2.1. La recaudación fiscal

La adopción de políticas fiscales progresivas en otros países ha traído consigo una recaudación fiscal enorme, tenemos como ejemplos los casos de países como Francia, Noruega, Suecia o Uruguay, países que han conseguido porcentajes de recaudación enormes en relación con su PIB como se puede ver en la siguiente gráfica (2.1.1):

Gráfica 2.1.1

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Fuente: Banco Mundial y Recaudación BID-CIAT

Aquí podemos analizar el caso de México que, en comparación con otros países, presenta niveles de recaudación impositiva significativamente más bajos, lo que se ha mantenido como una constante a lo largo del tiempo. En la mayoría del periodo analizado, la recaudación en México oscila entre el 10% y el 15% del PIB, una cifra que contrasta marcadamente con las de países como Francia, Noruega y Suecia, donde la recaudación supera el 20% del PIB de manera constante. Estos últimos países reflejan políticas fiscales progresivas, con sistemas impositivos diseñados para redistribuir ingresos y financiar servicios públicos amplios y de calidad. A diferencia de otras naciones que muestran variaciones más pronunciadas en sus niveles de recaudación, México ha mantenido una relativa estabilidad, con un leve crecimiento a partir de 2010, aunque sin alcanzar los niveles de las economías más avanzadas.

Al comparar específicamente a México con otros países, destaca el caso de Suecia y Noruega, donde la recaudación supera el 30% del PIB en algunos periodos. Esto es consistente con sus modelos de bienestar, en los que los impuestos altos financian servicios públicos universales, como educación, salud y seguridad social. Francia, por su parte, se mantiene estable entre el 20% y 25% del PIB, lo que refleja una política fiscal progresiva que permite una amplia provisión de servicios sociales. Incluso países como Brasil, que no tienen un sistema fiscal tan progresivo, presentan una recaudación superior a la de México, con un aumento significativo en los años 90 que llevó sus niveles cercanos al 30% del PIB. Uruguay, aunque con oscilaciones, también ha mantenido una recaudación más alta que México, lo que refleja una política fiscal más orientada a la redistribución del ingreso. 

Estas diferencias tienen implicaciones importantes para México. La baja recaudación limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura, lo que contrasta con los países que cuentan con políticas fiscales más robustas. Además, México ha dependido históricamente de ingresos alternativos, como los provenientes del petróleo, lo que podría explicar la falta de un sistema impositivo más sólido y diversificado. Sin embargo, esta dependencia también ha expuesto al país a los vaivenes de los precios internacionales del crudo, lo que ha generado vulnerabilidades económicas. Aumentar la recaudación en México implicaría llevar a cabo reformas fiscales profundas que permitan una mayor contribución de sectores con alta capacidad económica, algo que ha sido difícil de implementar debido a resistencias políticas y sociales.

México se mantiene como el país con menor recaudación fiscal en comparación con las economías progresivas analizadas. Esta diferencia es clave para entender las limitaciones del Estado mexicano en términos de redistribución del ingreso y gasto público. Mientras que países como Suecia, Noruega y Francia han construido sistemas fiscales fuertes que les permiten financiar el bienestar social y mantener altos estándares de vida, México sigue dependiendo de un esquema impositivo limitado y poco progresivo. Esto plantea desafíos significativos para el desarrollo a largo plazo del país, ya que, sin una mayor recaudación, será difícil mejorar la calidad de los servicios públicos y reducir las desigualdades sociales. Para cerrar esta brecha, México necesitaría implementar reformas fiscales que no solo aumenten los ingresos, sino que también promuevan una distribución más equitativa de la carga tributaria.

La implementación de políticas fiscales progresivas en países como Noruega, Suecia, Francia y Uruguay ha sido un proceso gradual y basado en decisiones políticas, económicas y sociales que han tenido consecuencias tanto positivas como negativas. En el caso de Noruega y Suecia, estos países adoptaron políticas fiscales progresivas después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de reconstrucción y búsqueda de equidad social. Los partidos políticos de centroizquierda, como los socialdemócratas, promovieron un modelo de bienestar basado en altos impuestos y amplios servicios públicos, que fue aceptado por la mayoría de la población debido a su enfoque en la igualdad y la justicia social. Se establecieron tasas impositivas elevadas para los ingresos más altos, junto con impuestos al consumo y contribuciones sociales, diseñados para ser progresivos. Los ingresos fiscales se destinaron a financiar servicios universales, como educación gratuita, salud pública, pensiones y subsidios de desempleo. Como resultado, Noruega y Suecia se encuentran entre los países con menor desigualdad económica en el mundo, y sus ciudadanos disfrutan de altos estándares de vida y acceso universal a servicios públicos de calidad. Sin embargo, este modelo también ha enfrentado críticas, como la carga fiscal elevada, que puede desincentivar el emprendimiento y la inversión privada, y la posible dependencia del Estado, que algunos argumentan que reduce la iniciativa individual.

Francia, por su parte, tiene una larga tradición de intervención estatal en la economía, que se remonta a la Revolución Francesa y se consolidó en el siglo XX. El sistema fiscal francés incluye impuestos sobre la renta progresivos, impuestos a la riqueza y altas tasas de IVA. Los ingresos fiscales se destinan a financiar un sistema de seguridad social robusto, que incluye pensiones, seguro de desempleo, salud pública y educación gratuita. Estas políticas han permitido a Francia reducir la desigualdad económica y garantizar un nivel de vida relativamente alto para la mayoría de la población. El sistema de salud francés es considerado uno de los mejores del mundo, y la educación universitaria es gratuita o de bajo costo. No obstante, los altos impuestos han generado descontento en algunos sectores, como lo demostraron las protestas de los “chalecos amarillos” en 2018, y algunos críticos argumentan que el alto gasto público y la regulación excesiva pueden limitar la competitividad y el crecimiento económico.

En el caso de Uruguay, un país latinoamericano, las políticas fiscales progresivas se han implementado desde principios del siglo XXI, bajo gobiernos de izquierda como el Frente Amplio. Uruguay estableció un impuesto sobre la renta progresivo y aumentó los impuestos a las grandes empresas y a los sectores de altos ingresos. Los ingresos fiscales se han destinado a programas sociales, como pensiones no contributivas, educación pública y salud universal. Gracias a estas políticas, Uruguay ha logrado reducir significativamente la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, además de expandir el acceso a la educación y la salud, lo que ha mejorado la calidad de vida de la población. Sin embargo, el aumento de los impuestos ha generado críticas de algunos sectores económicos, que argumentan que puede afectar la competitividad y el crecimiento. Además, Uruguay sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones agrícolas, lo que lo hace vulnerable a fluctuaciones en los precios internacionales.

Para México, adoptar un modelo similar de políticas fiscales progresivas requeriría un consenso político y social que permita la aprobación de reformas fiscales profundas. Podrían establecerse tasas impositivas más altas para los ingresos más elevados y ampliar la base fiscal para incluir a sectores que actualmente no contribuyen. Los ingresos adicionales podrían destinarse a mejorar la educación, la salud y la infraestructura, lo que tendría un impacto positivo en el desarrollo a largo plazo. Las consecuencias potenciales de estas reformas incluirían la reducción de la desigualdad y la pobreza, la mejora en la calidad de los servicios públicos y una mayor estabilidad social y económica. Sin embargo, también habría desafíos, como la resistencia de sectores económicos y políticos, y el riesgo de desincentivar la inversión privada si los impuestos son percibidos como excesivos. En conclusión, países como Noruega, Suecia, Francia y Uruguay han logrado implementar políticas fiscales progresivas gracias a un consenso político, una cultura de equidad social y una inversión significativa en servicios públicos. Aunque estos sistemas han tenido resultados positivos en términos de reducción de la desigualdad y mejora del bienestar social, también han enfrentado desafíos, como la resistencia a los impuestos y la dependencia del gasto público. Para México, adoptar un modelo similar requeriría reformas profundas y un compromiso político y social con la equidad y el desarrollo inclusivo.

Esta búsqueda por una política fiscal progresiva también se plantea para llevar a cabo el Plan México, el cual tiene como fin la industrialización de la nación, pero para lograr dichas aspiraciones es necesario un financiamiento enorme, recursos con los que actualmente no cuenta la nación. Pero este dilema lo trataremos en profundidad en el siguiente capítulo.

2.2. Índices de desigualdad

Uno de los retos a cumplir para México es sobre el tema de la desigualdad, como lo vimos en el capítulo anterior con el índice de Gini. Estos niveles de desigualdad tan altos que tiene el país se pueden combatir con la misma política fiscal que proponemos, como evidencia de su eficacia tenemos la siguiente gráfica (2.2.1) donde se muestran los índices de Gini de las mismas naciones de la gráfica anterior (2.1.1), quienes poseen una política fiscal progresiva.

Gráfica 2.2.1

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Fuente: Banco Mundial

Los países latinoamericanos en los últimos años tienen una tendencia hacia la baja con su índice de desigualdad, aunque el índice es notablemente más alto que el de los países europeos donde el porcentaje se ha conservado casi constante manteniéndose siempre por debajo de los 40 puntos.

Es destacable el caso de Uruguay, que tiene un índice de Gini que en la última década se mantuvo en los 40 puntos, siendo considerablemente más bajo que el de Brasil y México, además de que es el país de Latinoamérica con la política fiscal más progresiva.

Asimismo, presentamos otra gráfica (2.2.2) que nos muestra el porcentaje de la población que tiene un ingreso de 3.65 dólares al día en los seis países que estamos analizando, este ingreso es considerado como el umbral de pobreza extrema.

Gráfica 2.2.2

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Fuente: Banco Mundial

En este caso, la diferencia entre los países con políticas tributarias progresivas y los países que carecen de estas políticas es clara. Las naciones europeas en varios años alcanzan el 0% de personas en pobreza extrema, caso similar al de Uruguay, quien se mantiene por debajo del 1% en prácticamente todos los años, a excepción del 2004 y 2005 donde tuvo 1.5% y 1.3% de población con este ingreso respectivamente. 

Si bien tanto Brasil como México han ido disminuyendo en este índice a lo largo de los últimos años, su porcentaje es preocupantemente alto, lo cual nos indica que, junto con la gráfica anterior (2.2.2), la tarea de redistribución del ingreso es de suma importancia para ambos países.

2.3. Efectos en la inversión

Uno de los principales argumentos de los retractores de la implementación de una política fiscal dirigida a los grandes capitales, es aquel que señala la posible salida de inversiones extranjeras en los países con políticas de este estilo.

Si bien la inversión extranjera directa (IED) puede depender en cierta medida de los impuestos que deben pagar las empresas en los países donde se busca invertir, no es el principal factor como ya lo mencionamos en el capítulo anterior. Además, los datos nos muestran que cobrar más impuestos a los grandes capitales no es causa de falta de inversión, tal y como lo hace la siguiente gráfica (2.3.1).

Gráfica 2.3

Gráfico, Gráfico de líneas El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Fuente: Banco Mundial

Los países cuyos regímenes fiscales son más progresivos (Noruega y Suecia) presentan grandes porcentajes de IED, lo que sugiere que la afirmación antes señalada es errónea; si bien existe volatilidad en los porcentajes, se pueden explicar mediante ciclos económicos que presentan todas las economías. 

Uno de los países que más destaca por su nivel de inversión en proporción al PIB es Uruguay, país que a partir del 2000 comenzó a tener un porcentaje alto de inversión, superando el 5% varias veces, lo cual indica que, igualmente, no existe una relación directa entre la aplicación de reformas tributarias progresivas y la IED, aún en países en vías de desarrollo.

Las variaciones que se pueden apreciar en la gráfica se pueden explicar por razones externas tal y como lo señalamos anteriormente, como pueden ser los precios de las materias primas o hasta por cambios políticos, por lo que el hecho de que países con alta progresividad fiscal (Suecia, Noruega, Francia) muestran periodos de IED elevada implica que la decisión de invertir no depende únicamente de la carga impositiva personal o progresiva, sino de un conjunto de factores mucho más complejo.

Como hemos podido observar a lo largo del capítulo los sistemas fiscales consolidados con políticas progresivas nos demuestran que el tener un nivel alto de recaudación es esencial para poder brindar servicios públicos de calidad y sobre todo promover una distribución equitativa del ingreso. Tal es el caso de países como Noruega, Suecia, Francia y Uruguay quienes han logrado tener sólidos modelos de bienestar mediante estructuras impositivas robustas. En el contexto mexicano es posible identificar retos inherentes a una base tributaria limitada y la gran dependencia de diversos ingresos como los del sector petrolero que son fluctuantes debido a choques externos múltiples. Lo anterior solo nos indica que con una mayor implementación de reformas en el sistema financiero mexicano podrían no solo aumentar la recaudación fiscal de una manera progresiva, sino que también serían una vía para poder disminuir la brecha de la pobreza y estimular la inversión extranjera directa.

Así, después de haber demostrado con gráficas y datos la eficiencia y beneficios que trae consigo la implementación de una política fiscal dirigida a los grandes capitales, en el siguiente capítulo profundizaremos en las medidas que México debería adoptar para tener una recaudación impositiva más progresiva, así como la conexión de esta hipotética reforma con el Plan México. Mencionaremos, de igual manera, los posibles efectos que traería consigo la adopción de esta política fiscal a la economía mexicana.

Capítulo tres: Medidas de política fiscal progresiva y sus posibles efectos en México

Dentro de este capítulo se presentan algunas medidas de política fiscal progresiva y sus efectos potenciales para la economía nacional, haciendo énfasis en la viabilidad que resulte de financiar parcialmente el Plan México. Dicha propuesta busca aumentar los ingresos del Estado mediante una mayor carga tributaria a los sectores de mayor riqueza e ingresos, esto basándose en recomendaciones de diversos autores como lo son Esquivel y Pikkety. Aunado a lo anterior, se hace una evaluación en las implicaciones de estas medidas para la IED y los desafíos legales que pueden llegar a derivarse de tratados internacionales, como lo es el T-MEC.

3.1. ¿Qué medidas de política fiscal adoptar?

Antes de abordar los efectos de una política tributaria progresiva, es preciso señalar qué políticas de este estilo creemos que resultarían en un beneficio y en una parcial solución a los diferentes problemas económicos y sociales que presenta México, los cuales ya hemos profundizado en los capítulos anteriores.

En primer lugar, sabemos cómo combatir el problema de la desigualdad; los países que hemos estado analizando nos han proporcionado la receta para afrontar esta problemática: un Estado social. Los países que tienen las políticas fiscales progresivas también cuentan con un estado benefactor bastante robusto, destinando gran parte de su recaudación fiscal para garantizar el bienestar de su población, lo que se ha traducido en índices de desigualdad más bajos, así como niveles de pobreza extrema casi nulos, sin comprometer su crecimiento económico.

Así que debemos concentrarnos en programas sociales que garanticen derechos, como el de la alimentación, la vivienda, la educación, etc., dejando de lado programas que sólo buscan mitigar los efectos tan negativos que ha traído consigo la adopción del neoliberalismo. A nuestro parecer, el Estado debe ser más social, que garantice a todos sus ciudadanos, desde el nacimiento hasta la vejez, el acceso a derechos sociales de calidad (Esquivel, 2015).

Para llegar a este Estado social es fundamental el financiamiento, asunto que se puede solucionar con lo que venimos repitiendo a lo largo de toda la investigación: la recaudación fiscal progresiva.

Ya Gerardo Esquivel ha profundizado en medidas que se deberían adoptar para el caso mexicano, las cuales van desde el aumento de la progresividad en la recaudación del impuesto sobre la renta, en otras palabras, que se cobre más ISR a quienes mayores ingresos presentan; gravar las fuentes de ingresos de las personas que se hallan en los deciles más altos, esto implica cobrar más impuestos a las ganancias provenientes del capital, de los dividendos y de los intereses, siendo equivalentes a las tasas impositivas que se aplican a los ingresos laborales; el cobro de impuesto a la propiedad también debería de recibir un ajuste más progresivo, al igual que un impuesto a las herencias (que a fecha de elaboración de esta investigación, se está planteando en el Congreso). Otra medida que propone Esquivel es el cobro de impuestos al patrimonio global, pero un impuesto diseñado para que sólo afecte a la parte de la población que más ingresos y patrimonio posee (entre el 1 y el 5%), lo que sería un gran paso para tener una mayor y mejor redistribución de la riqueza en el país (Esquivel, 2015). 

Cabe mencionar que las propuestas como el cobro de impuestos al patrimonio global y a las ganancias provenientes del capital tendrían que afectar en la misma medida a empresas mexicanas como a las estadounidenses y canadienses, esto por la cláusula del “trato nacional” contenida en el acuerdo comercial (capítulo 14) entre las tres naciones mencionadas anteriormente. 

Además, otro autor que comparte esta línea de pensamiento es Thomas Piketty, quien apunta a un Estado social más que a un Estado de bienestar. 

Piketty propone, de la misma manera que lo hace Esquivel, un impuesto progresivo sobre el capital, aunque en este caso se plantea a nivel mundial, con el fin de evitar una espiral de desigualdad (Piketty, 2014).

El mismo autor nos señala que la inversión pública debe enfocarse en tres aspectos: la educación, la salud y la jubilación, cosa que se hizo en Europa y con lo que se ha llegado a reducir la desigualdad y la pobreza extrema. De esta manera nos señala que, en la modernidad, la redistribución del ingreso no consta de quitarle a los ricos para dárselos directamente a los pobres, sino que se debe de usar este dinero para la financiación de servicios (principalmente la educación, la salud y la jubilación) con un acceso igualitario (Piketty, 2014).

Las fuentes históricas, según Piketty, nos han enseñado que una recaudación fiscal de entre 10 a 15% del PIB es totalmente insuficiente para llegar más allá de las funciones tradicionales del Estado, y México se encuentra en este umbral, lo que nos da una causa más para explicar el pésimo estado de los servicios públicos con los que cuenta el país. Siguiendo este argumento, es primordial tener una recaudación mucho mayor en la nación para avanzar en nuestro intento de desarrollo, que se ha visto estancado desde hace ya bastantes décadas.

En el actual sexenio se ha planteado nuevamente retomar nuestro desarrollo económico con un plan serio y mejor estructurado, el llamado Plan México, que busca, a grandes rasgos, volver a la industrialización de la nación, aspecto el cual apoyamos en cierta medida, salvo que en dicho plan no se aclara explícitamente la manera de financiar dicho proceso. Este dilema podría solucionarse mediante nuestra propuesta fiscal, lo que explicaremos en el siguiente apartado. 

3.2. La política fiscal progresiva: la base para el Plan México

Como se dijo anteriormente el Plan México surge como una iniciativa estratégica cuyo enfoque se da para impulsar la industrialización y por ende el desarrollo económico del país, es preciso mencionar que dicho plan cuenta con ejes fundamentales, dentro de los cuales destacan los siguientes; aumentar el contenido nacional de producción manufacturera, en general, se planea crecer 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor en diversos sectores, entre los que destacan automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros (Plan México, 2025). Aumentar el financiamiento en un 30% a las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), para finalizar nos gustaría hacer hincapié en el aumento considerable de la inversión pública en infraestructura, por citar algunos ejemplos de esta notable inversión destaca el sector energético el cual en general se estima una inversión de 23 mil 400 MDD, con esta inversión se busca construir nuevas centrales eléctricas, reforzar la red de transmisión y la red de distribución; para PEMEX se busca una inversión de 2.07 billones de pesos a lo largo del sexenio; pasando a uno de los elementos esenciales para el desarrollo de la vida y en general de cualquier actividad, en el caso del agua se estima una aportación de 20 mil mdp en proyectos de agua para el año en curso, entre otros sectores que recibirán de igual manera inversión pública (Plan México, 2025). Otro elemento relevante por mencionar es “Elevar la proporción de inversión respecto al PIB mantener la proporción de inversión respecto del PIB arriba de 25% a partir de 2026 y arriba de 28% en 2030” (Plan México, 2025). Este elemento es vital para una de las metas que se enlistan a continuación, la creación de empleo de calidad además de dar seguridad y demostrar interés por la inversión extranjera. 

Ahora que conocemos los pilares de dicho plan daremos lugar a mencionar algunas de las grandes metas que se consideran dentro de este plan destacan el que; México sea la décima economía a nivel mundial, producir en territorio nacional el 50% del consumo de producto interno, es decir, estimular de manera importante la demanda interna, además de lo anterior crear cien parques industriales para de esta manera emplear a miles de trabajadores y posicionar a nuestro país como uno de los 5 destinos turísticos (BBC News Mundo, 2025) (Plan México, 2025). 

De manera general podemos decir que su objetivo principal es transformar la economía nacional, diversificando las fuentes de crecimiento y reduciendo las desigualdades estructurales a través de inversiones en educación, innovación y tecnología.

Si bien, estas metas suenan interesantes y ambiciosas, esta iniciativa presenta desafíos fundamentales entre los que destacan la enorme limitante de los recursos públicos (Intercam, 2025), gracias a este hecho el plan está desarrollado para que exista una cooperación entre el sector privado y público; aunque debemos hacer una aclaración en este aspecto, de acuerdo con Mariana Mazzucato una de las economistas más importantes en la actualidad y una de las asesoras del plan México fundamenta la idea de que el Estado es quien debe estar al mando de las riendas en la colaboración del sector privado y público (Mazzucato, 2022).

Como hemos podido observar en el presente trabajo, nuestro país presenta una gran limitante en la recaudación fiscal, lo cual nos sitúa como el país con menor recaudación en relación con el PIB de los países miembros de la OCDE (López Pérez, S. J., & Vence, X. 2021). Dicha capacidad tan reducida deriva de varios factores tanto del diseño básico del sistema fiscal, así como también del excesivo número de exenciones fiscales y beneficios que llegan a tener presencia en los impuestos importantes, eso sin tener en cuenta otros factores que han sido mencionados en la literatura como la evasión fiscal, fraude y la ineficiencia recaudatoria del sistema tributario mexicano (López Pérez, S. J., & Vence, X. 2021). Esta falta de recursos no hace posible la ejecución integral de las políticas planteadas y, por ende, genera una alta dependencia de ingresos alternativos, como los del sector energético, quienes son vulnerables ante choques externos y fluctuaciones en los mercados internacionales; así como de la deuda, aspecto que se ha ido agravando con los últimos sexenios. Aunque aún parece ser estable ese nivel de deuda, es fundamental reconocer que la emisión de deuda se ha convertido en una herramienta crucial para suplir el déficit fiscal, permitiendo financiar proyectos y programas en el corto plazo; sin embargo, su uso indiscriminado podría traducirse en mayores cargas financieras futuras, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y limitando la capacidad del gobierno para responder ante nuevos desafíos económicos.

Bajo este escenario, nosotros proponemos la implementación de una reforma fiscal progresiva, la cual consista en un incremento en las tasas impositivas en los deciles más altos, así como una ampliación de la base tributaria. Lo anterior permitiría aumentar la recaudación fiscal sin comprometer la inversión privada del Estado para invertir en servicios públicos esenciales y de esta manera promover el desarrollo económico sostenible a largo plazo, algo que en lo general busca dicha iniciativa.

3.3. Posibles efectos de la implementación de una política fiscal progresiva en México

Habiendo establecido nuestras propuestas de políticas de recaudación progresiva, nos aventuramos a estimar los efectos que traerían consigo dichas propuestas en caso de ser implementadas.

En primer lugar y más importante, estas reformas vendrían acompañadas de una reducción significativa de los niveles de desigualdad y pobreza, claro, no sería instantánea esta reducción, pero al cabo de unos años, estos efectos serían casi palpables, tal y como se ha mostrado en los países analizados en el capítulo anterior. Además, que estos niveles de desigualdad y pobreza serían combatidos por dos frentes, el primero por la creación de un Estado social, y el segundo por el Plan México, puesto que su enfoque dirigido a mejorar la industria nacional traería consigo la creación de nuevos empleos formales.

Otro indicador económico que se vería afectado bajo la implementación de nuestras propuestas vendría a ser la IED, donde esperaríamos que en los primeros meses de la hipotética aprobación de un impuesto al patrimonio global y a las ganancias provenientes del capital, la inversión en el país se vería reducida como respuesta en desacuerdo a esta medida. Además, en el caso de las inversiones provenientes de Estados Unidos y Canadá —que constituyen la mayor parte de la IED—, la aplicación de dicho impuesto podría generar denuncias legales basadas en la cláusula de “trato nacional” contenida en el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 2020, cap. 14).

Sin embargo, esta reducción no provocaría un daño importante a la economía nacional, pues las ganancias que obtienen en México las empresas extranjeras son difícilmente rechazables (Ríos, 2021), por lo que no muchas empresas se irían, y las que decidieran retirarse del mercado mexicano serían empresas pequeñas y de no mucha relevancia. Además, como hemos visto en el caso de Uruguay, la inversión extranjera no se redujo en los últimos años pese a su sistema tributario progresivo, por lo que, en México, después de un par de meses, la IED volvería a sus índices usuales, esto considerando que otros factores macroeconómicos se mantuvieran estables durante ese periodo de tiempo.

Por otro lado, tendríamos a la recaudación impositiva con respecto al PIB, dicho porcentaje se vería altamente beneficiado por las políticas de este estilo, estimando que en un par de años alcanzaríamos a países como podría ser Uruguay en este apartado, tal vez superándolo, llegando a ese porcentaje superior al 20%. 

Como señalamos anteriormente, en el último sexenio y en el presente, se ha hecho frecuente el recurrir a la deuda externa para mantener los niveles de inversión pública, lo cual no es lo más recomendable teniendo en cuenta la posibilidad de mejorar el nivel de ingreso del Estado mediante medidas fiscales como las que hemos mencionado. Así que la deuda mexicana se vería aliviada de igual manera con una política fiscal progresiva.

Conclusiones

El análisis realizado evidencia que la adopción de una política fiscal progresiva en México representa no solo una herramienta para aumentar la recaudación fiscal, sino también un mecanismo potencial para reducir la desigualdad y promover el desarrollo económico del país. En este sentido, la reducción de la desigualdad puede traducirse en una sociedad más estable tanto en lo social como en lo económico, lo que a su vez mitiga los riesgos que enfrentan las inversiones y fomenta un entorno más favorable para los negocios.

Por otro lado, el crecimiento económico mexicano se ha visto mermado desde los años ochenta con la llegada del neoliberalismo, que pretendía reducir las funciones del Estado, cosa totalmente contraria a nuestra propuesta basada en datos históricos de otros países, donde el Estado social (que va más allá del Estado de bienestar) ha sido clave para el desarrollo económico. De hecho, en los países que han implementado este tipo de política fiscal progresiva se ha comprobado que, aun cuando se ajustan los impuestos, las empresas no han perdido competitividad, lo cual refuerza la viabilidad de este modelo.

La investigación ha permitido identificar que, a pesar de las limitaciones estructurales históricas del sistema tributario mexicano —como la elevada evasión fiscal, la excesiva dependencia de impuestos indirectos y la persistencia de exenciones que reducen la base impositiva—, la implementación de medidas progresivas (por ejemplo, el aumento del ISR para los ingresos más altos y la imposición sobre las ganancias de capital) podría generar recursos significativos. Estos recursos permitirían al Estado financiar proyectos estratégicos en infraestructura y fortalecer instituciones jurídicas, elementos fundamentales para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, tales como la salud, la educación, la vivienda y la jubilación. Este mayor financiamiento de proyectos y el fortalecimiento de las instituciones no solo beneficiarían a los ciudadanos, sino que también se traducirían en una mayor legalidad y un ambiente de negocios más confiable, atrayendo y consolidando inversiones tanto nacionales como extranjeras.

Además, la comparación con modelos fiscales de países desarrollados y algunas naciones latinoamericanas demuestra que es posible alcanzar altos niveles de recaudación sin necesariamente afectar la competitividad empresarial, siempre y cuando se acompañe de un marco institucional robusto que combata la corrupción y mejore la eficiencia recaudatoria. Por ello, es fundamental construir un consenso político en torno a estas reformas y trabajar en la comunicación de sus beneficios a los grandes capitales, subrayando que una sociedad con menores brechas de desigualdad es una sociedad más estable, con menor polarización y mayor certeza para la inversión. De esta manera, se amortigua la resistencia de los grandes inversores, quienes podrán apreciar que, en última instancia, un Estado con capacidad para invertir en infraestructura y fortalecer el sistema jurídico crea un entorno propicio para el crecimiento sostenido de las empresas.

Una reforma a la recaudación impositiva de México también sería altamente benefactora para los ingresos del país y dejar de depender de la emisión de deuda, como se ha venido haciendo en los últimos años. Esto traería consigo más estabilidad económica a largo plazo, así como mayor confianza en los capitales extranjeros que apuntan sus inversiones a nuestra nación.

La investigación demuestra, igualmente, que, en México, el porcentaje de recaudación fiscal con respecto al PIB es muy bajo en comparación con otras naciones, lo cual es una limitante para el progreso económico, pero, principalmente, para satisfacer las funciones esenciales del Estado.

Con esto, aprobamos en cierta medida nuestra hipótesis planteada al inicio de la investigación, puesto que los resultados apuntan a que la reducción de la desigualdad es notable, así como la casi extinción de la pobreza extrema. Pero, por otro lado, nuestras estimaciones respecto a la estabilidad del empleo formal no se pueden garantizar con una política de este estilo, ya que un Estado de bienestar como el que hay en México no satisface esta necesidad como lo haría un Estado social. 

La política fiscal progresiva implementada en un país no resuelve por sí sola los problemas económicos y sociales, ésta debe de estar acompañada de un Estado social, como señalamos anteriormente, pues los ingresos recaudados por el Estado deben de cumplir con ciertos parámetros indispensables, como lo puede ser la garantización de derechos básicos a los ciudadanos, como el de la educación, la vivienda y la jubilación.

En síntesis, la política fiscal progresiva se presenta como una estrategia viable y comprobada para transformar el modelo económico nacional y reducir las brechas estructurales. Para lograrlo, es esencial que esta reforma se integre en un contexto de amplio consenso político y se complemente con medidas de transparencia, rendición de cuentas y un fortalecimiento del Estado social, garantizando así derechos fundamentales a la ciudadanía y creando un ambiente de confianza para el sector privado. 

Referencias

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