LA PARADOJA DEL DESARROLLO HUMANO ARGENTINOFRENTE A LAS CRISIS ECONÓMICAS (1990-2023)

TRIMESTRE: 25-P
MÓDULO: XII

INTEGRANTES: Santiago G. Ángel G. B. Santos T. Marcos A. Jiménez F. Mariana Galeana G. Elsa M. Saavedra C. Jesús Á.
Daniela Gonzáles Villasana

DOCENTE: Dr. Muñoz Villarreal Carlos

El siguiente trabajo es realizado por alumnos de la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, cualquier duda o aclaración mandar un correo a: economia@correo.xoc.uam.mx

RESUMEN

Durante más de tres décadas, la economía argentina ha atravesado múltiples crisis, con
periodos breves de crecimiento que no lograron consolidarse del todo. A pesar de esa
inestabilidad económica, algunos aspectos del desarrollo humano (como la salud y la
educación) mostraron una notable capacidad de resistencia. En este trabajo se analiza cómo
evolucionaron los tres componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre
1990 y 2023: la esperanza de vida, los años promedio de escolaridad y el ingreso nacional
bruto per cápita. El enfoque utilizado es principalmente macroeconómico,
incorporando datos oficiales y comparaciones de largo plazo para entender cómo las
políticas públicas han influido en estos indicadores. Se observa que el gasto público
en educación ha jugado un papel clave para evitar retrocesos durante las crisis, y que, en
el área de salud, el gasto privado y en seguridad social ha complementado al gasto estatal, reforzando su capacidad de respuesta.

Este análisis permite comprender mejor el papel de las instituciones sociales como amortiguadores frente a los impactos económicos y su importancia en el sostenimiento del desarrollo humano.

INDICE
INTRODUCCIÓN………………………………………………………….…………………………………….3
MARCO TEÓRICO ……………………………………………………………………………………………..4
Enfoque de desarrollo humano y capacidades ………………………………………………………………4
Resiliencia social y capacidades adaptativas ………………………………………………………………..5
Economía política de protección social ……………………………………………………………………….6
PANORAMA HISTÓRICO ……………………………………………………………………………………..8
Crisis de 1995 (Efecto Tequila)……………………………………………………….………………………..8
Crisis de 2001–2002 (Desmantelamiento de la Convertibilidad)……………………………………………8
Crisis de 2009 (Gran Recesión) ……………………………………………………………………………….9
Crisis de 2015–2016 (Ajuste Macri I) ………………………………………………………………….…….10
Crisis de 2018–2019 (Ajuste Macri II) ……………………………………………………………………….11
Crisis de 2020–2021 (Pandemia COVID-19)………………………………………………………………..11
Crisis de 2023 (desaceleración y transición)…………………………………………………………………12
Evolución inter-crisis y fragilidad estructural…………………………………………………………………13
POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS ………………………………………….14
EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y DE LOS COMPONENTES DEL IDH ……………………………………17
Evolución macroeconómica 1990–2023: crecimiento inestable y crisis recurrentes ……………………17
Evolución del componente de Salud: Esperanza de vida al nacer …………………………………..…..18
Evolución del componente de Educación: Años promedio de escolaridad ………………………………19
Evolución del componente de Ingreso: INB per cápita (PPA) …………………………………………….20
Resiliencia de los componentes del IDH y el rol de las instituciones……………………………………..22
REFERENCIAS ……………………………………………………………………………………………….27

INTRODUCCIÓN

Argentina ha sido históricamente un país marcado por ciclos recurrentes de profundas
crisis económicas que han dejado una impronta significativa en múltiples
indicadores fundamentales.

A lo largo de las últimas tres décadas, la economía argentina ha transitado por
episodios críticos que han tensionado cada fibra de su estructura productiva: el “Efecto
Tequila” de 1995, el colapso sistémico de 2001-2002, la contracción derivada de la
crisis financiera global de 2009, los ciclos recesivos de 2015 y 2018-2019, el golpe
pandémico de 2020 y el actual ajuste iniciado en 2023 (FMI, 2024) (CEPAL,
2024). Cada evento produjo caídas bruscas del Producto Interno Bruto (PIB), subidas
aceleradas de la inflación, picos de desempleo y saltos en la pobreza que, de
acuerdo con la teoría económica tradicional, deberían reflejarse en un deterioro paralelo
del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
No obstante, según la serie histórica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Argentina ha mantenido índices elevados de desarrollo
humano (PNUD, 2020). Este indicador, que considera dimensiones clave como la
esperanza media de vida, la educación y el ingreso per cápita ajustado por paridad de
poder adquisitivo, coloca consistentemente al país en una categoría “muy alta”, incluso
durante los períodos más adversos mencionados. Esta situación resulta
desconcertante, ya que típicamente se esperaría que las crisis económicas
profundas y recurrentes ocasionaran un impacto considerablemente negativo en
todas las dimensiones del desarrollo humano. Es precisamente esta contradicción
entre los resultados económicos adversos y la persistencia de indicadores positivos en
salud, educación e ingreso per cápita, la que motiva una la presente investigación sobre
cómo y por qué se produce esta resiliencia.

El análisis histórico de las crisis económicas recientes revela que, a pesar de las fuertes
caídas en los niveles de ingreso y las tasas elevadas de pobreza, los indicadores
relativos a la salud pública y educación han permanecido relativamente estables
(INDEC, 2021). Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer y los años promedio de
escolaridad en Argentina han mostrado una resistencia considerable, sugiriendo la
existencia de mecanismos institucionales y sociales eficaces que han actuado como
amortiguadores frente a las crisis económicas (Adger, 2000). Esta capacidad
de resiliencia social plantea preguntas fundamentales sobre cuáles son
específicamente esos factores, mecanismos o políticas que han logrado mitigar los
efectos adversos de las crisis económicas sobre el desarrollo humano.

Guiada por esta contradicción empírica, la presente investigación formula la siguiente
hipótesis: Argentina ha mantenido un IDH elevado durante sus episodios económicos
más críticos gracias a la relativa estabilidad de sus sistemas de salud y educación,
sumada a la implementación de políticas públicas de protección social que
amortiguaron los efectos negativos del deterioro económico. (Mesa-Lago, 1991).

La hipótesis principal de esta investigación propone que la estabilidad institucional,
especialmente en los sistemas públicos de salud y educación, así como la
implementación oportuna y efectiva de políticas sociales dirigidas a los grupos más
vulnerables, han sido determinantes para la preservación del desarrollo humano
argentino (INDEC, 2024). Políticas emblemáticas como la Asignación
Universal por Hijo (AUH), iniciada en 2009, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), introducido durante la pandemia de COVID-19, se han consolidado como herramientas cruciales que proporcionaron soporte económico directo a las familias más afectadas, permitiendo sostener los accesos
básicos a servicios esenciales y amortiguar parcialmente el impacto económico y social
de estas crisis (INDEC, 2021).

Para validar esta hipótesis y comprender profundamente esta paradoja, se adoptará un
enfoque metodológico cuantitativo que incluirá una revisión exhaustiva de bases de
datos oficiales provenientes de instituciones nacionales e internacionales de prestigio,
como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Banco Mundial, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el PNUD. Se aplicarán
técnicas estadísticas avanzadas, incluyendo análisis de eventos específicos, análisis de
series temporales y modelos econométricos dinámicos (tales como modelos de Vectores
Autorregresivos, VAR), para establecer con claridad las relaciones causales y temporales
entre las crisis económicas y los diversos componentes del IDH (FMI, 2025).

Finalmente, los resultados obtenidos se espera que aporten significativamente al
entendimiento integral de la paradoja del desarrollo humano argentino. Los hallazgos
no solo brindarán claridad respecto a cómo ciertas políticas y condiciones
institucionales han contribuido a sostener altos niveles de bienestar en contextos
adversos, sino que además ofrecerán insumos valiosos para la formulación futura
de políticas públicas eficientes. En consecuencia, este estudio no solo tiene
relevancia para el contexto argentino, sino que también puede ofrecer lecciones
importantes y estrategias efectivas para otros países con estructuras económicas similares,
enfrentados a crisis frecuentes y profundas, buscando preservar y mejorar el bienestar
social y la estabilidad institucional frente a situaciones económicas críticas.

MARCO TEÓRICO

Enfoque de desarrollo humano y capacidades
Comprender por qué el Índice de Desarrollo Humano argentino apenas se inmuta ante
crisis que sacudirían la estructura social de muchos otros países exige abandonar la
visión general que reduce el bienestar a un indicador de producto interno bruto.
Amartya Sen parte de una crítica frontal al reduccionismo economista que mide el
bienestar por el ingreso monetario. El dinero importa, concede, pero su relevancia es
instrumental: constituye un medio que puede facilitar la consecución de fines, nunca un
fin en sí mismo (Sen, 1999). En su planteamiento, la riqueza no reside en el
ingreso sino en la posibilidad real de convertir los recursos disponibles en logros
concretos como alimentarse adecuadamente, cursar estudios, participar en la vida pública
o disfrutar de buena salud, logros a los que denominó functionings. La clave se halla en
el abanico de combinaciones posibles de esos logros, las capabilities, que marcan el
horizonte de elecciones posibles. El desarrollo, por tanto, no se mide por lo que
las personas poseen, sino por lo que pueden llegar a ser y hacer con lo que poseen.

Para convertir este planteamiento filosófico en un instrumento empírico, el PNUD
diseñó en 1990 el Índice de Desarrollo Humano, un indicador sintético que combina
esperanza de vida, escolaridad e ingreso nacional bruto per cápita. Si bien cada
dimensión se normaliza para hacerlas comparables, la fórmula geométrica
empleada evita que un desempeño sobresaliente en alguno de los componentes
compense ilimitadamente un rezago grave en otro; en ello radica su potencia normativa:
obliga a mirar más allá del crecimiento del PIB y coloca la salud y la educación en un
plano de paridad con la renta (PNUD, 2020). Aun así, no agota el abanico de libertades relevantes; por eso, con los años se añadieron extensiones (IDH ajustado por
desigualdad, Índice de Pobreza Multidimensional, Índice de Desigualdad de
Género) que iluminan facetas ausentes en la primera edición, pero coherentes con la
esencia del enfoque de capacidades. Usando este enfoque, el caso argentino
adquiere un relieve singular. Pese a la volatilidad cambiaria, los defaults
recurrentes y las sucesivas recesiones que han mermado el ingreso per cápita y
disparado la pobreza, la esperanza de vida y los años promedio de escolaridad se han
mantenido en cotas elevadas. Esa resiliencia se explica, al menos en parte, por la
presencia histórica de servicios de salud universales y de una educación pública
gratuita que han ampliado el espacio de capacidades básicas para la gran mayoría de
la población (INDEC, 2025). Desde comienzos del siglo xx la escuela laica y
obligatoria garantizó un suelo de alfabetización; desde mediados de siglo, la
red hospitalaria pública extendió la cobertura sanitaria, y en las últimas décadas
programas de transferencias como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso
Familiar de Emergencia reforzaron esa protección precisamente cuando los ingresos
privados cedían (CEPAL, 2020). Así, mientras el componente monetario del IDH
oscila con los ciclos económicos, los pilares de salud y educación conservan una
sorprendente estabilidad.

El enfoque de las capacidades, por tanto, no sólo explica la resistencia del desarrollo
humano argentino; revela también la lógica que la sustenta: allí donde el Estado asegura
ciertos bienes y servicios como derechos, el impacto de la contracción económica se
amortigua en las libertades esenciales. Queda así planteada una consecuencia
teórica que el análisis empírico deberá contrastar: las crisis afectan con mayor
virulencia el subíndice de ingreso del IDH que los subíndices relativos a salud y educación, precisamente porque estos descansan sobre instituciones públicas cuya financiación y cobertura no colapsan al
compás de la recesión (Mesa-Lago, 1991).
El resto del estudio se dedicará a poner a prueba esa hipótesis y a medir, con
herramientas econométricas, la verdadera potencia contra cíclica del gasto social
argentino.

Resiliencia social y capacidades adaptativas

Si el enfoque de las capacidades trata de explicar el porqué del desarrollo, la noción
de resiliencia social indaga en el cómo esas libertades consiguen sostenerse cuando los
cimientos económicos se tambalean. El punto de partida lo ofrece Neil Adger, quien
definió la resiliencia como la habilidad de un sistema social para absorber perturbaciones,
reorganizarse y, aun así, conservar su función, estructura y retroalimentaciones
esenciales (Adger, 2000). La idea, nacida en la ecología, migró a las ciencias sociales
cargada de implicaciones normativas: no basta con sobrevivir al choque; lo decisivo
es conservar o reconstruir la capacidad de elección y de agencia que constituye el
núcleo del bienestar humano.

Para Adger, la resiliencia opera en tres planos interconectados. Primero, la robustez
institucional, entendida como el conjunto de reglas y organizaciones que proveen bienes
públicos críticos; segundo, el capital social, esto es, redes de confianza, reciprocidad y
acción colectiva que facilitan la redistribución de recursos ante la escasez; y
tercero, la capacidad adaptativa, el margen de maniobra que poseen individuos y
comunidades para modificar prácticas y reorganizarse sin colapsar (Adger, 2000).
Tales dimensiones se pliegan unas sobre otras: instituciones sólidas anclan el capital
social, el capital social refuerza la adaptabilidad de las personas y, a su vez, la adaptabilidad renovada retroalimenta la fortaleza institucional.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) adoptó este
marco y lo volcó en un diagnóstico regional especialmente útil para el Cono Sur. La
CEPAL señala que la vulnerabilidad latinoamericana no proviene solo de los
choques externos sino de la desigualdad que restringe las opciones de vastos sectores
sociales. En este sentido, la resiliencia depende menos de la “capacidad de aguante”
biológica y más de la distribución de las capacidades adaptativas. Cuando el Estado
asegura salud, educación y protección social universales, nivela el punto de partida y
expande la resiliencia colectiva; cuando los derechos sociales dependen del ciclo de
ingresos, las crisis se transforman en espirales de privación (CEPAL, 2020).

El caso argentino ilustra con nitidez esa articulación. Las instituciones educativas y
sanitarias universales actúan como diques que contienen la inundación de la pobreza
durante las recesiones, mientras las redes familiares y comunitarias distribuyen
informalmente recursos y cuidados. A ello se suma un marco de políticas públicas que,
aunque sujeto a tensiones presupuestarias, persiste en sostener transferencias directas
de ingreso cuando la economía se contrae INDEC, 2024). Esa triple alianza
(instituciones robustas, capital social y políticas contracíclicas) crea un colchón de
resiliencia que explica por qué la esperanza de vida y la escolaridad apenas se inmutan
cuando el PIB real se desploma.

Hay, sin embargo, un matiz crítico que CEPAL subraya y que conviene retener: la
resiliencia no es un atributo estático ni gratuito. Depende de la inversión continua
en capacidades adaptativas como formación de capital humano, innovación productiva,
fortalecimiento de la cohesión social y corre el riesgo de erosionarse si la austeridad fiscal
golpea de forma reiterada los presupuestos sociales (CEPAL, 2024). Argentina exhibe
signos de fatiga en esa arquitectura: infrafinanciación crónica de hospitales,
migración docente, deterioro de la infraestructura escolar (INDEC, 2025). El
desafío, entonces, consiste no sólo en celebrar la resiliencia pasada, sino en
preservar la base que la hace posible.

Desde esta óptica, la paradoja argentina deja de ser un enigma y se convierte en un
recordatorio. La estabilidad de los logros sociales frente a las crisis económicas no es
un milagro espontáneo; es el resultado de décadas de acumulación institucional, de un
entramado denso de solidaridad y de políticas públicas que han interiorizado la
lección central de Adger y de la CEPAL: una sociedad es tan resiliente como lo sea la
distribución efectiva de sus capacidades de adaptación.

Economía política de protección social

La resiliencia que exhibe el desarrollo humano argentino no puede comprenderse cabalmente sin atender a la lógica político-institucional que estructura su sistema de bienestar. Sobre este terreno ha trabajado de manera pionera Carmelo Mesa-Lago, cuyos estudios comparados sobre América Latina
demuestran que la forma en que se financian y distribuyen las prestaciones sociales
determina su capacidad para amortiguar las crisis (Mesa-Lago, 1991). Argentina
representa, en la tipología de Mesa-Lago, un caso de “universalismo básico con
segmentación contributiva”: por un lado, mantiene prestaciones públicas de salud,
educación y seguridad social de cobertura nacional; por el otro, conserva esquemas
contributivos, de base salarial, que reproducen diferencias entre trabajadores formales, informales y desocupados (Mesa-Lago, 2008).

Para Mesa-Lago, el eje de la economía política del bienestar radica en la alianza entre el Estado, el mercado de trabajo y los actores sociales que pugnan por la distribución del excedente. Durante el largo
ciclo de industrialización sustitutiva, esa alianza se articuló en torno a los sindicatos
industriales y a un Estado que, financiado por los aportes de los asalariados formales,
extendió gradualmente jubilaciones, pensiones y cobertura sanitaria. El resultado
fue un colchón de seguridad que, aunque segmentado, confería densidad institucional
al sistema y legitimidad política a los gobiernos. Sin embargo, la crisis de
endeudamiento de los años ochenta y las reformas de mercado de los noventa
quebraron los pilares financieros tradicionales: la evasión de aportes se
disparó, la informalidad laboral se expandió y las cotizaciones sobre un salario real en
caída resultaron insuficientes para sostener la ecuación actuarial (INDEC, 2021).

Frente a ese deterioro, los sucesivos gobiernos recurrieron, como muestra Mesa-
Lago para toda la región, a mecanismos no contributivos de transferencia de ingresos que fugan a la lógica clásica del seguro social y que se financian con impuestos
generales. La Asignación Universal por Hijo instituida en 2009 y la Moratoria Previsional
que permitió jubilarse a quienes no completaban aportes son ejemplos
paradigmáticos de cómo el Estado argentino intentó recomponer la legitimidad de su
sistema de protección social reequilibrando la balanza entre lo contributivo y lo universal
(CEPAL, 2020). Esa estrategia expandió la base de beneficiarios y, de hecho, sustituyó
el criterio de salario por el de ciudadanía, acercando al país a la ecuación de
“universalismo básico” que Mesa-Lago identifica como condición para que la
protección social sea efectivamente contra cíclica (Mesa-Lago, 2008).

La clave, sin embargo, no reside sólo en el diseño normativo sino en la viabilidad fiscal
y política de sostenerlo. Según advierte Mesa-Lago, los programas universales dependen en última instancia de la capacidad recaudatoria del Estado y del consenso social que avala la redistribución (Mesa-Lago, 1994). En Argentina ese consenso se ha visto desafiado por la inflación crónica,
que erosiona el poder de compra de beneficios y de salarios, y por la volatilidad
de los ingresos públicos, muy sensibles a los vaivenes del tipo de cambio y de los precios
de las materias primas (INDEC, 2024). La tensión resultante se expresa en ciclos de
expansión y ajuste: en tiempos de bonanza, el Estado incrementa transferencias y amplía
derechos; en tiempos de crisis, recurre a la licuación inflacionaria o a recortes puntuales
que deterioran la prestación, pero dejan en pie la norma, una estrategia que Mesa-Lago
describe como “austeridad encubierta” (Mesa-Lago, 2008).

Para efectos de esta investigación, la lección es doble. Por un lado, la arquitectura mixta
del sistema argentino explica por qué las crisis sacuden menos la salud y la educación
que el ingreso: los derechos básicos no están atados al empleo formal ni a la solvencia
inmediata de las cajas de seguridad social. Por otro lado, la fragilidad fiscal que señala
Mesa-Lago introduce un riesgo latente: la resiliencia observada puede degradarse si la
inflación sigue vaciando de contenido los beneficios o si los ajustes fiscales erosionan,
no ya la transferencia monetaria, sino la calidad de los servicios públicos (Mesa-
Lago, 2008). La economía política de la protección social argentina se revela, así,
como un delicado equilibrio entre la ambición universalista y la realidad de una
estructura productiva que, desde hace décadas, provee bases tributarias inestables.

El marco de Mesa-Lago ilumina la interfaz entre política y economía que subyace a la
protección social: quién paga, quién recibe y bajo qué reglas se redistribuye el ingreso.
Aplicado al caso argentino, explica la paradoja de un desarrollo humano resistente
pero vulnerable: resistente porque descansa en instituciones que desenganchan derechos básicos del ciclo laboral; vulnerable porque la financiación de esas instituciones sigue
anclada a un entramado fiscal volátil y a un mercado de trabajo polarizado. Las
secciones empíricas siguientes pondrán a prueba el alcance efectivo de ese equilibrio,
midiendo en qué medida el gasto social sostenido por la hacienda pública ha logrado,
o no, amortiguar las sacudidas de los últimos ciclos recesivos.

PANORAMA HISTÓRICO

La economía argentina de las últimas tres décadas se caracterizó por ciclos recurrentes
de crecimiento seguidos de graves crisis. Tras la hiperinflación de fines de los ’80, los
’90 arrancaron con el Plan de Convertibilidad (1:1 peso-dólar) que
permitió baja inflación, pero con crecientes desequilibrios fiscales y elevados niveles de
desempleo (Banco Central de la República Argentina, 2002). Cada golpe externo (crisis
regional o mundial) o interno desencadenó caídas abruptas del PIB, muestra de la
fragilidad estructural. En promedio, los períodos de expansión (p.ej. 2003–2007 y
2010–11) se han revertido en crisis profundas, vinculadas a déficits
presupuestarios y monetarios crónicos. Como resultado, Argentina presenta una
paradoja: avances sociales relevantes intercalados con etapas de grave deterioro
económico (CEPAL, 2020). En lo siguiente se analizan en detalle las principales crisis
macroeconómicas de 1995, 2001–02, 2009, 2015–16, 2018–19, 2020–21 y 2023, con sus
cifras clave, causas, respuestas oficiales e impactos sociales.

Crisis de 1995 (Efecto Tequila)

En 1995 la economía argentina sufrió el llamado Efecto Tequila: el colapso
financiero en México (finales 1994) provocó fugas de capital que, tras dos años de auge
sostenido, derivaron en una contracción brusca. Según el BCRA, el PIB real se
contrajo 4,4% en 1995 (Banco Central de la República Argentina, 2002). La inflación
anual, bajo el régimen de convertibilidad, se mantuvo en niveles muy bajos (casi nulos),
mientras que el dólar se mantuvo fijo por convicción política. Internamente, persistió
un déficit fiscal elevado y la caída de la demanda externa afectó las exportaciones.
Ante ello, el Gobierno buscó salvaguardar la convertibilidad para asegurar estabilidad
monetaria; el BCRA redujo encajes bancarios y bajó tasas de interés, pero
mantuvo el ancla cambiaria. Los efectos sociales fueron notables: el desempleo, que
ya rondaba el alta doble cifra en 1994 saltó a cerca del 18–20% en 1995, y la pobreza
urbana se incrementó (aunque con datos comparables limitados). La respuesta
institucional fue limitada en ese momento: el Estado conservó los planes sociales
existentes (Programa Trabajar) y no creó nuevos auxilios focalizados (CEPAL, 2020).
De largo plazo, este episodio mostró que, a pesar de controlarse la inflación, el modelo
argentino seguía expuesto a shocks externos por el alto endeudamiento y falta de
competitividad.

Crisis de 2001–2002 (Desmantelamiento de la Convertibilidad)

La crisis de 2001–2002 fue la más severa en décadas. Tras años de rígida convertibilidad
peso–dólar, la economía acumuló múltiples tensiones: recesión persistente en 1999–
2000, déficit fiscal y vulnerabilidad ante shocks externos (devaluación de Brasil en
1999, recesión latinoamericana post-2001).

A fines de 2001 se desató la caída definitiva: la pesificación asimétrica (decreto de
Duhalde) y el default soberano en diciembre de 2001 hicieron colapsar la economía.
Según análisis internacionales, el PIB per cápita “disminuyó 22% hasta 2002” en eseciclo (FMI, 2003). La contracción real anual fue del orden de doble dígito (aprox. –11%
en 2002) y en conjunto 2001–02, con la profundización de la recesión. Esto se reflejó
en un derrumbe del ingreso medio y un salto de la desocupación (que trepó al entorno del
20%) y de la pobreza: los datos oficiales de entonces indican que la proporción de
personas pobres pasó del 33% a más del 50% en 2002. (INDEC, 2021).

Las causas internas incluyeron el agotamiento del régimen de convertibilidad,
déficits fiscales crónicos financiados por deuda, y un abultado pasivo estatal. Entre
factores externos pesaron la caída de precios de commodities y la volatilidad financiera
mundial (CEPAL, 2020). Ante la crisis, hubo sucesivos cambios de gabinete y fuertes
protestas sociales («que se vayan todos»). El nuevo gobierno de Eduardo Duhalde (enero
2002) implementó medidas extraordinarias: derogó la Convertibilidad (pesificación),
liberó el cepo cambiario e impuso restricciones iniciales a la compra de
dólares. Para estabilizar, también inició un canje de deuda (default), mientras el BCRA
comenzaba a monetizar parte del déficit (Banco Central de la República Argentina, 2003).

El impacto social fue brutal: además del desempleo récord, aumentaron gravemente
la malnutrición infantil, la deserción escolar por razones económicas y se deterioraron
indicadores de salud pública (disminución de acceso a servicios, peor nutrición)
(INDEC, 2021). Como respuesta institucional se amplió y creó programas
sociales. En mayo de 2002 se lanzó el Plan jefes y jefas de Hogar Desocupados,
subsidios directos a hogares sin empleo con hijos menores, para mitigar la crisis de
ingresos (CEPAL, 2020).

Paralelamente, se incrementaron las asignaciones familiares y se instauró el Plan
Familias (2004) –precedente de la futura AUH– dirigido a hogares vulnerables. Estos planes crearon un “piso” de protección social inmediato, aunque con limitaciones para salir de la pobreza estructural (Mesa-
Lago, 2008).

En conjunto, la crisis 2001–02 ilustró la magnitud del desarrollo humano paradojal:
pese a contar con infraestructura básica en salud y educación heredada, la contracción
económica abrupta revirtió varios logros sociales, obligando al Estado a crear redes
nuevas de asistencia (PNUD, 2020).

Crisis de 2009 (Gran Recesión)

En 2008–09, la crisis financiera global también impactó a Argentina, aunque con
menor virulencia. Tras años de fuerte crecimiento (alrededor de 8–9% anual entre
2003–2007), la demanda externa cayó y una sequía afectó los agroexportadores.
(CEPAL, 2020).

Según estimaciones oficiales, el PIB creció 2% en el primer trimestre de 2009 pero
desciende en los dos trimestres siguientes, lo que resultó en una contracción leve anual
(cierre 2009 con recuperación parcial del 4T al +2,6%) (INDEC, 2021). La caída se sintió
especialmente en la inversión y la industria, mientras que el consumo privado perdió
impulso. Pese a esto, la recesión fue breve: al cierre de 2009 se observó un repunte de la
actividad. A su vez, la inflación bajó de 18% en 2008 a 13% en 2009 (INDEC, 2019).

Los factores externos clave fueron la contracción del comercio mundial y la caída
de precios de las materias primas, que afectó exportadores locales (CEPAL, 2020). En lo
interno, el gobierno argentino adoptó un rápido paquete anticrisis: aumentó en forma
extraordinaria el gasto público (en obras de infraestructura y programas sociales), subió
las jubilaciones, lanzó líneas de crédito con tasas subsidiadas y otorgó una moratoria
tributaria para aliviar cargas fiscales (CEPAL, 2020). También redujo temporalmente impuestos a las
exportaciones (e.g. trigo y maíz) y estableció un programa especial de prefinanciación de
exportaciones con fondos de ANSES (CEPAL, 2020).

El Banco Central, por su parte, ejecutó políticas monetarias para estabilizar los
mercados: elevó las tasas de interés de corto plazo durante el segundo semestre 2008 y
luego las redujo para impulsar el crédito, lanzó subastas de opciones y abrió swaps de
monedas (Banco Central de la República Argentina, 2009). El impacto social de la
recesión 2009 fue moderado en comparación con crisis anteriores, debido al shock de
demanda externo de corta duración y las redes de apoyo activas. La desocupación
aumentó marginalmente (de 8% a 9%), y la pobreza mantuvo su tendencia decreciente
heredada de la recuperación 2003–2007 (que había caído del 40% en 2002 a 20% en 2008)
(INDEC, 2021). No obstante, la crisis mostró cuán dependiente es la economía
argentina del contexto global: un golpe externo grande provoca ajustes internos
rápidos. Institucionalmente, 2009 también marcó la consolidación de la Asignación
Universal por Hijo (AUH, lanzada en octubre), extendiendo una cobertura social
clave a millones de niños y hogares de bajos ingresos (CEPAL, 2020). Este programa,
junto con el subsidio al empleo (ATP) que vendría con la pandemia, serían las
respuestas emblemáticas del Estado en futuros shocks.

Crisis de 2015–2016 (Ajuste Macri I)

A fines de 2015 asumió Mauricio Macri con la promesa de liberalizar la economía. El
cambio de políticas fue brusco: se eliminaron retenciones agropecuarias, se
liberó el cepo cambiario (peso se devaluó 30% en diciembre 2015), y se redujeron
subsidios a tarifas de servicios básicos (CEPAL, 2020). Como consecuencia, en
2016 la economía entró en recesión: el PIB real cayó 2,3% en 2016 (INDEC, 2025). El
ajuste de precios relativos generó una inflación del orden del 40% anual en 2016
(muy superior a las metas oficiales).

Estos cambios, combinados con un menor dinamismo de Brasil (principal socio),
derrumbaron el consumo interno y la inversión. El desempleo subió a alrededor de
9%, y la pobreza aumentó sensiblemente (no hay censo inmediato, pero la pobreza urbana
creció varios puntos porcentuales, especialmente en el Gran Buenos Aires)
(INDEC, 2021). El gobierno adoptó medidas de contención social dentro de su ajuste
macroeconómico. Por un lado, mantuvo e incluso incrementó algunos planes sociales
focalizados; por ejemplo, se dispuso un bono extraordinario para AUH y jubilados en
2016 (como parte de la emergencia) y se continuó con los programas de empleo
transitorio preexistentes (CEPAL, 2020). Además, se inyectó financiamiento público
en obra pública y se monitoreó la evolución de salarios para evitar un descalabro mayor.
En palabras de medios, “el presidente … está inyectando mucho dinero en obra pública y
planes sociales para intentar paliar esa debilidad de la economía” (Banco Central de
la República Argentina, 2016). A pesar de ello, la contracción golpeó a los sectores de
ingresos medios-bajos: hubo numerosas protestas por el aumento de tarifas y el
deterioro del poder adquisitivo.

Institucionalmente, no se crearon nuevos programas significativos en este breve
período (se continuaron AUH, jubilaciones y alimentario), pero se incrementó el
endeudamiento externo para financiar el déficit, que pasó del 5% al 6% del PIB en 2016 (FMI, 2024). En suma, el choque post-2015 demostró la fragilidad de la recuperación: el período 2012–2015 ya
mostraba un crecimiento por debajo del aumento poblacional, por lo que cualquier
ajuste exterior o fiscal lanzaba a la economía nuevamente a recesión. El Gobierno de
Macri afrontó entonces los próximos años con políticas de austeridad, aspirando a
retomar la confianza de los mercados (FMI, 2025).

Crisis de 2018–2019 (Ajuste Macri II)

La segunda mitad de la gestión de Macri desembocó en otra crisis severa en 2018- Tras estabilizar ligeramente la economía en 2017, en 2018 volvió a estallar la inflación: el IPC acumuló 47,6% en 2018, la tasa anual más alta en 27 años (INDEC, 2024). La crisis cambiaria de abril-mayo 2018 (nueva devaluación abrupta, con el dólar casi duplicando su valor anual) se combinó con un déficit fiscal persistente y un déficit comercial creciente. En mayo de 2018 el Gobierno solicitó al FMI un
programa de emergencia (préstamo aprobado de US$50 a 57 mil millones) para
evitar el colapso (FMI, 2024). En respuesta se implementó un fuerte ajuste recesivo: los
subsidios energéticos se recortaron sustancialmente y se aplicó un plan de metas
fiscales estrictas. Además, el Central elevó las tasas de interés a niveles récord (hasta
70% anual) para contener la crisis monetaria. (Banco Central de la República Argentina,
2018). El resultado fue una nueva recesión: se estima que el PIB cayó 2,5% en 2018, y
habría declinado aún más en 2019 (casi –2% adicional). La profunda contracción implicó
una pérdida de empleo masivo en el 2° semestre 2018, elevando el desempleo al
10% y mayor informalidad (INDEC, 2021).

En el plano institucional, en 2018 el Congreso sancionó una ley de emergencia económica (Ley 27.541) que incluyó nuevos impuestos a la exportación (Impuesto PAIS) y un aporte extraordinario de las grandes fortunas, y en agosto 2020 se extendió una moratoria tributaria para impuestos nacionales (FMI, 2025). Además, se fortaleció el control de los precios en bienes alimenticios básicos (con topes temporales de precios máximos) para aliviar la inflación de alimentos (INDEC, 2024).

En términos sociales, la pobreza llegó a afectar aproximadamente a un tercio de la
población (casi 33%) al cierre de 2018. Los salarios reales se desplomaron casi 10% en
2018, y millones de hogares vieron caer su ingreso (CEPAL, 2020). Para mitigar estos
efectos, el gobierno continuó ampliando algunos apoyos focalizados: por ejemplo, en
2018 se creó el programa “Tarjeta Alimentar” para subsidiar alimentos básicos
de hogares vulnerables y se complementaron algunas asignaciones (Ministerio de Desarrollo Social, 2018). Sin embargo, la austeridad fiscal obligada redujo otros subsidios generales.

En definitiva, la crisis 2018–2019 demostró que la recuperación de la economía argentina seguía siendo muy precaria; incluso un gobierno que perseguía la estabilidad monetaria volvió a experimentar un boom-inflación-recesión en el lapso de pocos años.

Crisis de 2020–2021 (Pandemia COVID-19)

La pandemia de COVID-19 causó otra fuerte recesión global que golpeó con intensidad a Argentina. En 2020 se aplicaron estrictos confinamientos desde marzo, lo que detuvo gran parte de la actividad económica. Según datos oficiales, el PIB cae 9,9% interanual en 2020. Este desplome fue aún mayor en servicios y comercio interno, aunque parcialmente contrarrestado por la reactivación parcial en el segundo semestre (–10,2% en 3T2020, –4,3% en 4T2020) (CEPAL, 2020).

La crisis sanitaria –y los cierres asociados–significó la peor contracción económica desde 2002. El impacto social fue muy fuerte: las encuestas de hogares muestran que en el segundo semestre de 2020 el 42,0% de la población era pobre y el 7,8% indigente (INDEC, 2021). Se disparó la pobreza infantil: más del 50% de los menores de 14 años quedaron por debajo de la línea de pobreza. Muchos trabajadores informales vieron interrumpidos sus ingresos sin red familiar o de ahorros, lo que acentuó la vulnerabilidad (INDEC, 2021). Por eso las medidas de protección fueron extraordinarias.

El gobierno declaró emergencia sanitaria, económica y social en marzo 2020, y desplegó un amplio paquete de asistencias financieras. Entre ellas, destacan los apoyos directos a hogares y empleo: IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), AUH extra y planes sociales ampliados. El IFE consistió en un bono único de $10.000 (unos 200 USD) otorgado a 3,6 millones de hogares (trabajadores informales, monotributistas categoría A/B y beneficiarios de AUH/AUE) (Ministerio de Desarrollo Social, 2020). Además, se pagó un bono especial a jubilados y pensionados y un pago extra a todos los titulares de AUH/AUE en abril-mayo 2020. Para empresas se lanzó el programa ATP (Asignación de Emergencia al Trabajo), que subsidiaba parte de los salarios del sector privado, evitando despidos masivos (CEPAL, 2020). Se estableció una moratoria integral (ley 27541/20) que postergó vencimientos de impuestos nacionales y de la seguridad social. También se fijaron precios máximos temporales para alimentos de consumo básico (programa “Precios Máximos”) para contener la inflación de alimentos en plena cuarentena (INDEC, 2024).

En conjunto, estas medidas sociales y fiscales (junto con el cheque a PyMEs, el ATP y otros aportes) amortiguaron el colapso económico. De acuerdo con análisis de la CEPAL, pese a la recesión mundial la amplitud de la respuesta fiscal emergente evitó que la pobreza llegara a niveles no vistos en 20 años en 2020 (CEPAL, 2020). En Argentina se observa que, sin dichas medidas, la caída habría sido aún más profunda. No obstante, la crisis agravó la deuda pública (el déficit fiscal cerró en –7,7% en 2020) y frenó el crecimiento. Al cierre de 2021 el PIB aún no había recuperado el nivel prepandemia y la inflación seguía alta (36% en 2020, 50,9% en 2021) (INDEC, 2024).

Las políticas asistenciales (AUH, IFE) y de incentivo al empleo (ATP) fueron claves para contener la pobreza durante 2020, aunque el desempleo terminó 2021 cerca del 11%. La pandemia dejó en evidencia las debilidades preexistentes: falta de ahorro público, elevada inflación pre-COVID (técnicamente), y fuerte precariedad laboral.

Crisis de 2023 (desaceleración y transición)

En 2022-23 persistió un clima de alta incertidumbre económica. El último tramo de la gestión de Alberto Fernández enfrentó ajustes por acuerdos con el FMI (nuevos desembolsos y metas fiscales) mientras la inflación seguía elevada (cerró 2022 en 94,8%) (INDEC, 2024). Con la asunción de Javier Milei en diciembre 2023 (FMI, 2024), empezó otro episodio de reformas bruscas. Según el FMI, tras dos años de recesión, el PIB real de Argentina cayó 1,6% en 2023 (y se proyectó –3,5% en 2024). La inflación oficial 2023 llegó a un 211,4% anual, la más alta en 33 años (INDEC, 2024).

Estos resultados reflejan la sostenida inestabilidad macroeconómica: la devaluación liberalizada en 2022 (1 peso=1 dólar), combinada con baja recaudación y emisión previa, generaron hiperinflación. A fines de 2023 se estimaba que más del 40% de la población vivía bajo la línea de pobreza (INDEC, 2024). El salario real perdió terreno récord: los haberes (públicos y privados) cayeron 10–15% interanualmente (CEPAL, 2024). El desempleo subió sobre 8%, aunque seguía relativamente bajo dado el contexto inflacionario.

Para contener la crisis reciente, en diciembre 2022 ya se habían acordado metas fiscales más estrictas (endeudando menos al BCRA). Con el cambio de gobierno se inició un plan de choque: Milei eliminó retenciones (aranceles a exportaciones) en su primer día, ajustó tarifas públicas, y lanzó un plan de estabilización macroeconómica. Según análisis internacionales, el nuevo programa se basa en consolidación fiscal agresiva (reducción del gasto público), un tipo de cambio de “crawling peg” y tasas de interés reales negativas para desmonetizar, manteniendo aún controles cambiarios estrictos (FMI, 2025). En 2023 el gobierno registró su primer superávit presupuestario en años (gracias a la suba de las retenciones que él mismo derogaría en 2024) y aceleró negociaciones con organismos internacionales (FMI, 2025).

En lo social, el presidente Milei anunció la unificación de planes sociales en un programa único (“Potenciar Trabajo”) y la eventual Reforma Previsional, pero a fines de 2023 todavía no había grandes cambios ejecutados. El esquema de transferencias (AUH, jubilaciones, salario social complementario) continuó, aunque se suprimieron varios subsidios y se habilitó un dólar libre financiero más alto. Mostrando que en 2023 la economía mostraba un cuadro de alta contracción e inflación que exigió reajustes abruptos.

Evolución inter-crisis y fragilidad estructural

Entre estos episodios críticos, la economía argentina tuvo breves repuntes de crecimiento, generalmente asociados a entornos externos favorables (precios altos de materias primas) o a reactivaciones tras crisis profundas. Por ejemplo, de 2002 a 2011 el PIB argentino aumentó aproximadamente un 94%, impulsado por las exportaciones y la inversión pública en gobiernos kirchneristas (CEPAL, 2020). Sin embargo, esos períodos de bonanza rara vez se consolidaron: después de 2011 el crecimiento fue insuficiente (cerca del 1–2% anual) y siempre emergió una nueva crisis pocos años después. En la práctica, cada retorno a la expansión fue frágil (CEPAL, 2020).

Estudios del desarrollo social señalan que la pobreza estructural sólo se redujo de manera sostenida en lapsos muy concretos (rebotes post-crisis y auge de commodity entre 2004–2007), mientras que en el resto del tiempo las desigualdades y niveles de pobreza volvieron a crecer (CEPAL, 2020). Este patrón refleja la “paradoja” argentina: a pesar de contar con recursos naturales abundantes y altos niveles de educación primaria y cobertura de salud, las políticas económicas crónicamente inconsistentes (déficits fiscales, financiamiento monetario del Estado, controles erráticos) han impedido que el crecimiento económico sea estable e inclusivo (CEPAL, 2024).

Como consecuencia, aunque las crisis difieren en detalles –una combina factores externos (1995, 2009, 2020) y otros internos (2001-02, 2018-19, 2023)– todas han tenido efectos parecidos: agravaron la pobreza, aumentaron la desocupación y tensionaron la calidad de vida. Las respuestas estatales posteriores (planes sociales, transferencias como la AUH, IFE, moratorias impositivas, controles de precios, etc.) han mitigado parcialmente el impacto inmediato, pero no han logrado romper el ciclo (INDEC, 2024). En cada pausa entre crisis se ha buscado reequilibrar la economía, pero la vuelta al crecimiento siempre ha sido vulnerable a nuevos shocks, confirmando la idea de un desarrollo humano argentino sí persistente en indicadores básicos (salud, educación) pero continuamente amenazado por crisis económicas recurrentes.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS

Los programas y políticas sociales pueden estar en algunos casos orientados a proteger a la población ante efectos macroeconómicos perjudiciales, lo más relevante del caso de estudio es como ante diversos gobiernos, de ideologías y programas económicos diferentes, tales esquemas de protección y cuidado de los aspectos básicos individuales y colectivos resultaron fundamentales para mantener el IDH en niveles altos.

Cronológicamente, la primera crisis sustancial que afectó a Argentina en el periodo de estudio fue la conocida como “El Efecto Tequila”, que se originó en México en diciembre de 1994, para la protección social a raíz de esta crisis, se plantearon varias políticas en diversos ámbitos, focalizados principalmente hacia las personas más vulnerables y que quedaron por efecto de la crisis en situación de desempleo; de esta manera, se crearon programas dirigidos a capacitar a los trabajadores sin empleo para mejorar sus habilidades y aumentar su cualificación en el mercado laboral, es decir, convertirlos en mano de obra cualificada y semiprofesional (dirigido especialmente a los obreros sin una formación específica o no certificada).

También se crearon mecanismos para la obtención de empleos temporales de forma rápida, ante la oferta limitada de empleos a tiempo indeterminado. Además se implementaron programas de apoyo técnico y financiero a microemprendimientos que generaran ingresos familiares y crearan empleos en los entornos locales.

Durante esta crisis, se pusieron en práctica también programas de apoyo alimentario, con ayudas dirigidas a las familias más necesitadas, así como también se fortalecieron las redes de apoyo comunitario para brindar asistencia alimentaria con contribuciones colectivas de la ciudadanía y
del gobierno a los más necesitados. Gracias a políticas que ya se encontraban en curso, como la descentralización del sistema de salud en gran medida propiciado por la entrada en vigor de la ley Seguro Nacional de Salud (Ley N° 23.661) en 1993, la asistencia en salud pudo solventarse sin mayores sobresaltos, aún en el contexto económico crítico. A pesar de estas políticas y programas, como efecto social destaca que luego de esta crisis se produjo una fuerte desigualdad social y un deterioro del mercado laboral que no fue superado en los años subsiguientes, aún así las necesidades básicas de la gran mayoría de los argentinos tuvieron una cobertura por encima de los estándares requeridos por el IDH para esa fecha.

La segunda crisis importante en Argentina durante este período se produjo durante los años 2001 y 2002, por lo que tuvieron que implementarse varias políticas sociales de asistencia a la población; destacan entre éstas el Plan de jefes y jefas Desocupados, que ofrecía subsidios de transferencias directas a jefes de familias desocupados (hombres y mujeres), jóvenes sin ingresos formales y mayores de 60 años en periodos mensuales.

Otra de las políticas implementadas fue la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional, garantizando el acceso a insumos hospitalarios, así como medicamentos a toda la población, además vía decreto se incluyó en el sistema de Seguridad Social el Paquete Médico Obligatorio de Emergencia, destinado a cubrir las necesidades básicas en salud ante eventualidades y enfermedades de los asegurados (la gran mayoría de la población). La protección alimentaria también fue incluida en este período dentro de los programas gubernamentales para asistir a los ciudadanos, creando una red de comedores populares, así como la participación de organizaciones sociales a la par de los esfuerzos gubernamentales en
materia de asistencia alimentaria.

En cuanto a los resultados de las políticas implementadas, el Plan de Jefes y jefas Desocupados si bien tuvo un impacto amplio en cuanto a cantidad de personas beneficiadas, no logró contener la pobreza ni el desempleo, y en general, los programas aplicados en diversas áreas durante la crisis sirvieron como medidas de emergencia pero no resolvieron los problemas estructurales, como el desempleo, la generación de riqueza nacional, ni tampoco contribuyeron a tuvieron incidencia positiva directa en las variables macroeconómicas de la nación.

Si bien esta crisis comentada de los años 2001 y 2002 tuvo su principal desenvolvimiento durante estos años, el cambio de gobierno con el kirchnerismo a partir del año 2003, buscó reducir los efectos estructurales de la misma, implementando casi de manera inmediata ese mismo año El Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que tenía como objeto llevar a la formalidad el empleo en el país; los resultados obtenidos fueron notables al alcanzar de acuerdo con Salvia (2020) “el empleo creció significativamente, llegando a 5,8 millones de argentinos, en gran medida como resultado de esta política. Además, se logró mejorar la condición socioeconómica de muchos hogares, puesto que con la inclusión en el sistema de seguridad social se incrementó su calidad de vida en general.

Uno de los aspectos del desarrollo humano sobre el cual el kirchnerismo se abocó durante sus primeros años, fue el área educativa, con la ley de Educación Nacional así como la de Financiamiento Educativo, se lograron establecer metas claras para la inversión en esta materia, y por otra parte, reducir las diferencias en el sistema educativo en regiones rurales y urbanas, así como se logró una mayor inclusión mejorando las oportunidades educacionales y de profesionalización para la población joven.

Otra de las políticas sociales aplicadas por el gobierno fue la Asignación Universal por Hijo (AUH), que consistió en una transferencia directa a os padres por cada hijo, poniendo como condición para recibirla que estuviesen escolarizados y además que se les realizaran las consultas de salud regulares de acuerdo con la edad. La asignación tuvo como público objeto las familias que no poseían un ingreso formal para de esta manera garantizar un ingreso mínimo al núcleo, con la finalidad de ir reduciendo la multiplicación de la pobreza, al identificar en la educación uno de los factores clave para combatirla.

Durante los primeros años de implementación, la AUH logró llegar a 3,2 millones de personas, pero para 2017 logró abarcar hasta un poco más de 3,8 millones de beneficiarios, logrando que las familias tuvieran un ingreso mínimo lo cual tuvo un efecto positivo al aumentar el consumo de productos básicos como en la alimentación, combatiendo la desigualdad monetaria y la pobreza (CEDLAS 2017, p. 23).

La AUH ha recibido tanto críticas como elogios, en cuanto a las primeras no se aprecia positivamente en la sostenibilidad del tiempo las transferencias directas, especialmente cuando muchos jefes de hogar deciden mantenerse en la informalidad laboral para no perder el beneficio, afectando otras variables económicas y disminuyendo el ingreso fiscal, las contribuciones obligatorias a la seguridad social entre otros, mientras que quienes la apoyan manifiestan que su alcance y protección ha sido considerable y que logrado combatir la pobreza de manera sustancial y por periodos de tiempo prolongados.

Posteriormente, para los años 2015 y 2018-2019, Argentina sufrió recesiones económicas ciertamente sin un impacto mayor en lo social, múltiples estudios han determinado que los programas sociales implementados previamente lograron contener los efectos negativos de tales situaciones Etchemendy et al. (2021, p. 61-62)., sin embargo la matriz es amplia pues existen estudiosos que mencionan que en parte las recesiones obedecen a la falta de control fiscal sobre estos programas y a la gran masa monetaria que se agrega a la economía, reduciendo la capacidad de inversión del Estado en otras áreas Straschnoy (2019, s/p).

Durante el año 2020 al 2022 la crisis generada por la pandemia a causa del COVID-19, se puso en marcha como política de apoyo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), principalmente dirigido a personas desempleadas, trabajadores independientes, jornaleros, entre otros. Se logró que a través de transferencias directas, más de 9 millones de personas lograran a acceder a un ingreso que garantizara alimentación, acceso a servicios básicos y transporte eventual.

Es importante destacar que en el caso particular del (IFE) originado como un programa de asistencia de emergencia, la agilidad de entrega del aporte económico fue muy alta y efectiva, lo que se consideró crucial para la sobrevivencia de por lo menos la mitad de los beneficiarios, los cuales en caso contrario de no haberlo recibido oportunamente hubiesen estado a merced de la indigencia o de la pobreza extrema (Fundar, 2023, p. 45).

A partir de 2023 las políticas sociales, el gobierno de Milei anunció la unificación de planes sociales en un programa único llamado “Potenciar Trabajo”. Esta iniciativa busca simplificar y centralizar las asistencias existentes, aunque a finales de 2023 aún no se habían implementado cambios significativos. Además, se contemplaba una posible Reforma Previsional, lo que sugiere un cambio en la estructura de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el esquema de transferencias ya establecidas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones y el salario social complementario, continuó en vigor, aunque se eliminaron varios subsidios y se permitió un dólar libre financiero más alto.

Las políticas que se implementaron en 2023 tuvieron como objetivo principal lograr un superávit presupuestario, algo que no se había visto en años. Este logro se alcanzó, en parte, gracias al aumento de las retenciones que el gobierno planea eliminar en 2024, lo que sugiere una estrategia inicial para mejorar las cuentas fiscales. Esto resultó en una notable pérdida del poder adquisitivo del salario real, con una disminución interanual del 10-15% en los ingresos tanto públicos como privados.

El impacto social de estas políticas en 2023 fue significativo. La continuidad de programas como la AUH, las jubilaciones y el salario social complementario, a pesar de la eliminación de otros subsidios, fue fundamental para ofrecer una red de apoyo mínima a las poblaciones más vulnerables.

Durante este período, en Argentina se han implementado políticas sostenidas derivadas de recomendaciones de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuanto a programas de vacunación permanentes lo que ha producido buenos resultados de manera general, y ha superado los límites de los gobiernos, siendo observadas como positivas desde casi todos los frentes de la opinión nacional e internacional. Los efectos a corto plazo han sido la erradicación de enfermedades endémicas como el sarampión, la rubeola, entre otras. A largo plazo con la existencia de un sistema de salud pública fortalecido e inclusivo se ha logrado aumentar la esperanza de vida de los argentinos de manera significativa a través de los años.

De forma general los programas educativos continuos durante este período han logrado una mayor inclusión, a través de becas a nivel superior también se ha logrado disminuir la brecha en cuanto al acceso a estos estudios de los menos favorecidos económicamente.

La estabilidad de los sistemas de salud y educación, junto con programas de protección social, ha funcionado como un amortiguador frente a los choques económicos. En general, la experiencia de Argentina muestra que, incluso en medio de crisis económicas recurrentes, la inversión social constante y la fortaleza de las instituciones públicas son clave para proteger el desarrollo humano. Este caso brinda lecciones valiosas sobre la importancia de la cohesión social y la inversión en capital humano ante la adversidad. Como aspectos finales puede decirse que la clave de la resiliencia argentina ante las crisis se encuentra en la estabilidad de los sistemas públicos de salud y educación, junto con la implementación estratégica de políticas de protección social que actuaron como barreras frente a la adversidad económica

EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y DE LOS COMPONENTES DEL IDH

En el período 1990–2023 la Argentina experimentó marcados altibajos macroeconómicos, incluyendo varias crisis económicas profundas, a la par de cambios significativos en los tres componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH): salud (esperanza de vida), educación (años de escolaridad) e ingreso (INB per cápita).

Evolución macroeconómica 1990–2023: crecimiento inestable y crisis recurrentes

La economía argentina inició la década de 1990 con reformas estructurales y la implementación de la convertibilidad (1 peso = 1 dólar) tras la hiperinflación de Esto trajo unos años de estabilidad y
crecimiento hasta que la crisis “Tequila” de 1995 (originada en México) interrumpió la expansión. Argentina sufrió una breve recesión en 1995 con aumento del desempleo y pobreza. La recuperación fue rápida entre 1996 y 1998, pero a finales de los 90 la economía volvió a contraerse, arrastrada por el endeudamiento creciente, la sobrevaluación cambiaria y shocks externos (crisis de Asia y Rusia). Todo desembocó en la severa crisis de 2001–2002, la peor de la historia económica argentina contemporánea (INDEC, 2021). Durante 1999–2002 el PBI acumuló una caída cercana al 25% y en 2002 se desplomó alrededor de -10,9% solo en ese año. Este colapso económico vino acompañado del default de la deuda pública, la devaluación abrupta del peso (fin de la convertibilidad) y un impacto social gravísimo: la pobreza superó el 50% de la población (alcanzando aproximadamente 57,5% en 2002) y el desempleo abierto rondó el 20% (INDEC, 2021). La crisis 2001–02 marcó un punto de inflexión institucional, con estallido social seguido por importantes cambios en las políticas económicas y sociales.

A partir de 2003, gracias a la devaluación que mejoró la competitividad y a un contexto internacional favorable (altos precios de materias primas), Argentina tuvo una década de fuerte crecimiento. Entre 2003 y 2008 el PBI creció a tasas promedio superiores al 8% anual, permitiendo una rápida recuperación del nivel de actividad y una drástica reducción de la pobreza (Banco Mundial, 2020). Sin embargo, la crisis financiera global de 2008–2009 impactó al país con una contracción en 2009 (el PBI cayó alrededor de 6% según estimaciones internacionales, aunque cifras oficiales mostraron un estancamiento) seguida de una pronta reactivación en 2010(CEPAL, 2019). Hacia 2011 el ingreso per cápita había alcanzado un pico, pero desde entonces la economía entró en una fase de estancamiento y volatilidad. Entre 2012 y 2015 el crecimiento fue débil e inestable, en medio de tensiones cambiarias, alta inflación y deterioro del frente fiscal externo. Puntualmente en 2015, año de transición política, se agudizaron los desequilibrios (atraso cambiario, reservas internacionales bajas), preparando el terreno para correcciones económicas en 2016.

A fines de la década de 2010 ocurrieron nuevas crisis: en 2018–2019 Argentina enfrentó una crisis cambiaria y financiera de magnitud. La abrupta devaluación del peso en 2018, combinada con alta inflación (por encima del 50% anual) y fuga de capitales, llevó al país a solicitar un rescate del FMI en 2018 La economía entró en recesión nuevamente, el PBI se contrajo alrededor de 2,6% en 2018 y otro 2,1% en 2019, aumentando el desempleo y la pobreza (FMI, 2020). Cuando el país comenzaba a estabilizarse a fines de 2019, sobrevino la pandemia de COVID-19 (2020–2021), que significó un shock sin precedentes. En 2020 el PBI argentino se desplomó cerca de -9,9%, la caída anual más pronunciada desde 2002 (INDEC, 2021).

Las necesarias medidas de confinamiento y la disrupción global impactaron duramente en la actividad, el empleo y los ingresos de los hogares, aunque el Estado implementó políticas de emergencia (ingresos de emergencia, prohibición de despidos, apoyos alimentarios) para amortiguar el golpe social. En 2021 se observó un rebote económico significativo (+10,3% de crecimiento), pero sin recuperar completamente lo perdido. Hacia 2022 la economía continuó con crecimiento moderado (+5% impulsado por la recuperación postpandemia), aunque persistían desequilibrios macroeconómicos. (Banco Mundial, 2023).

Finalmente, en 2023 Argentina atravesó otra etapa crítica, caracterizada por tensiones financieras e inflación muy elevada. Una histórica sequía afectó la producción agroexportadora y agravó la 8 de divisas, mientras que la inflación anual trepó a tres dígitos, erosionando el poder adquisitivo. La CEPAL estimó que el PBI argentino se contrajo alrededor de -2,5% en 2023 (tras el repunte de +5% en 2022).

Esta recesión reciente confirma el patrón de bajo crecimiento de largo plazo: según el PNUD (2023), Argentina tuvo un crecimiento promedio anual de apenas 0,5% en el período 1990–2023, muy por debajo del promedio mundial (0,66%) y regional (0,58%). Dicho estancamiento crónico, sumado a la recurrencia de crisis, ha limitado seriamente su desempeño en desarrollo humano. No obstante, como veremos, los indicadores sociales básicos de salud y educación mostraron mayor resiliencia que el indicador de ingresos durante estos vaivenes económicos, en parte gracias a las instituciones y políticas de protección social implementadas especialmente desde los años 2000.

Evolución del componente de Salud: Esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida al nacer en Argentina ha mostrado una tendencia ascendente sostenida a largo plazo. Según datos del PNUD (2020), la esperanza de vida aumentó de 71,6 años en 1990 a 76,7 años en 2019, lo que representa un incremento de aproximadamente 5,1 años. Esta mejora se explica por avances sanitarios y sociales acumulados durante las últimas décadas: reducción sostenida de la mortalidad infantil, mayor disponibilidad de tratamientos médicos (por ejemplo, para enfermedades crónicas) y ampliación del personal de salud y la cobertura sanitaria (PNUD, 2020). Argentina cuenta con un sistema de salud mixto con amplia provisión pública, lo que permitió que incluso en crisis económicas severas no se produjeran retrocesos drásticos en este indicador (INDEC, 2022). De hecho, durante las crisis financieras de 1995, 2001–2002 o 2018–2019, la expectativa de vida continuó en aumento o al menos se mantuvo estable año a año (PNUD, 2022). Esto sugiere una resiliencia notable de los logros sanitarios básicos frente a choques económicos de corto plazo, probablemente apoyada en políticas de salud pública y protección social que evitaron picos de mortalidad entre los más vulnerables (CEPAL, 2021).

Cabe señalar, sin embargo, que el ritmo de mejora de la esperanza de vida argentina ha sido más lento que el de otros países. Por ejemplo, a nivel mundial la esperanza de vida creció en promedio 8 años entre 1990 y 2019 (de 65 a 73 años), mientras que Argentina mejoró unos 5 años en el mismo periodo (Banco Mundial, 2020). Si bien Argentina mantiene una esperanza de vida superior a la media de América Latina y del mundo, su ventaja relativa se redujo y la brecha con las naciones desarrolladas se amplió ligeramente (aproximadamente en un año). Esto indica que otros países lograron mayores avances sanitarios en esas décadas. No obstante, Argentina aún se ubica entre los países latinoamericanos con esperanza de vida más alta (en torno a 77 años recientemente), reflejando sus logros en control de enfermedades transmisibles y atención médica básica a lo largo del siglo XX (PNUD, 2022).

La única interrupción importante en la tendencia positiva ocurrió por un factor exógeno: la pandemia de COVID-19. Entre 2020 y 2021, la mortalidad por COVID elevó significativamente la tasa de defunciones, causando un descenso inédito de la esperanza de vida. Se estima que entre 2019 y 2021 la esperanza de vida al nacer cayó alrededor de 1,9 años (de 77 a 75 años) (PNUD, 2022). Este retroceso borró temporalmente varios años de progreso sanitario. En 2022 la esperanza de vida mostró una recuperación parcial, a medida que disminuyeron los contagios y avanzó la vacunación, aunque aún no retornó al nivel prepandemia de 2019. De hecho, para 2023 el PNUD reportó una esperanza de vida de 77,4 años, ligeramente inferior a la tendencia previa pero ya en camino de recuperación plena (PNUD, 2022). En suma, salvo por el paréntesis del COVID-19, el componente de salud evidenció alta resiliencia: las crisis económicas domésticas no revertieron la mejora de la longevidad, gracias a que las políticas de salud pública (inmunizaciones, atención primaria, etc.) y las condiciones sanitarias básicas continuaron mejorando a pesar de las recesiones.

Evolución del componente de Educación: Años promedio de escolaridad

El nivel educativo de la población argentina, medido por los años promedio de escolaridad de los adultos (25+ años), también ha progresado de forma sustancial entre 1990 y 2023. De acuerdo con datos del PNUD, la escolaridad promedio de la población adulta era de unos 7,9 años en 1990 y aumentó a 10,9 años en 2019. En la última actualización disponible, Argentina registra alrededor de 11,2 años promedio de escolarización en 2023. Es decir, en tres décadas la población adulta ganó aproximadamente 3 años más de educación en promedio, pasando de un nivel equivalente a educación primaria completa a acercarse al nivel secundario completo. Este avance refleja una expansión educativa notable, mayor incluso que la media global. Con ello, Argentina se mantiene entre los países latinoamericanos con mayor educación promedio, habiendo incluso acortado la brecha educativa que la separaba de los países de desarrollo muy alto.

Las políticas educativas y sociales implementadas desde los años 90 fueron cruciales para este progreso. En particular, la masificación de la educación secundaria y superior elevó el techo educativo de las nuevas generaciones. Por ejemplo, según datos censales citados por CEPAL, el porcentaje de la población mayor de 25 años con al menos el secundario completo prácticamente se duplicó de 1991 a 2022, pasando de 24% a 47%. Este enorme salto responde a varias iniciativas: la ley federal de educación de los 90 y la ley de educación nacional de 2006 establecieron la obligatoriedad y universalización de la escuela secundaria, acompañadas de inversión en infraestructura escolar y programas de inclusión educativa. Asimismo, programas de transferencia condicionada de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH), instaurada en 2009, exigieron la asistencia escolar de los niños beneficiarios, lo que contribuyó a sostener la matriculación incluso en contextos de crisis. Como resultado, la cohorte de jóvenes nacidos en los 90 tuvo muchos más años de educación que las generaciones previas, elevando el promedio nacional cuando alcanzaron la adultez en la década de 2010.

No obstante, la trayectoria no estuvo exenta de altibajos. Durante la crisis de 2001–2002, por ejemplo, se reportó un aumento de la deserción escolar en sectores vulnerables, ligado al empobrecimiento masivo de los hogares. Esto pudo influir en que el indicador de años promedio se estancara temporalmente a inicios de los 2000. De hecho, las cifras del PNUD muestran que el promedio de escolaridad no aumentó entre 2000 y 2005 (permaneciendo alrededor de 9,1 años), lo cual coincide con el periodo crítico posconvertibilidad. Sin embargo, tras la recuperación económica de 2003–2006 y con políticas activas (por ejemplo, el Plan Fin Es para terminar los estudios secundarios), muchos jóvenes y adultos retomaron la educación. Entre 2005 y 2010 el promedio de escolaridad saltó de 9,1 a 10,3 años, reflejando ese recorte de la brecha educativa. El componente educación mostró resiliencia en el sentido de que logró compensar rápidamente las interrupciones provocadas por la crisis, continuando su tendencia al alza una vez normalizada la situación.

Durante la pandemia de COVID-19, la educación enfrentó quizás el mayor desafío de la historia reciente: la prolongada suspensión de clases presenciales en 2020–2021 afectó a millones de estudiantes. Si bien ello no impactó de inmediato el promedio de años de escolaridad (pues este indicador cambia lentamente y refleja la educación acumulada de la población adulta), existen indicadores de retroceso en calidad y continuidad educativa: se registraron pérdidas de aprendizaje y riesgos de abandono escolar, especialmente en los sectores con menor acceso a conectividad. Organismos internacionales señalaron que América Latina fue la región con las escuelas cerradas por más días, lo cual podría traducirse en menores años esperados de escolarización para las cohortes más jóvenes (una variable complementaria del IDH). En Argentina, las autoridades implementaron medidas de mitigación (educación a distancia, distribución de materiales, refuerzo de becas) para evitar una catástrofe educativa, y hacia 2022 la mayoría de los alumnos habían regresado al sistema. Así, aunque la pandemia evidenció la vulnerabilidad de la educación ante una crisis inédita, en el balance de 1990–2023 el componente educativo mantiene una tendencia positiva robusta. La continua inversión pública (Argentina destina típicamente 5–6% del PIB a educación) y las políticas de inclusión han sido fundamentales para que, pese a los vaivenes económicos, el capital humano siga mejorando en el largo plazo.

Evolución del componente de Ingreso: INB per cápita (PPA)

El Ingreso Nacional Bruto per cápita medido en dólares internacionales PPA (paridad de poder adquisitivo) es el componente del IDH que más ha fluctuado en Argentina, evidenciando una alta sensibilidad a las crisis económicas. Entre 1990 y 2019, el INB per cápita argentino pasó de aproximadamente US$13.600 a US$21.200 (PPA constantes), lo que implica un aumento acumulado de 56% en términos reales. Si extendemos la mirada a 2022, el INB per cápita alcanzó unos US$22.000 PPA, alrededor de un 62% por encima del nivel de 1990. Sin embargo, esta tendencia ascendente de largo plazo estuvo plagada de retrocesos durante los episodios de crisis:

En los años 90, el ingreso per cápita creció rápidamente al inicio de la convertibilidad (impulsado por la estabilidad de precios y las inversiones), pero la recesión de 1998–2002 revirtió gran parte de esos avances. El INB per cápita cayó abruptamente con la crisis de 2001–2002. Por ejemplo, según PNUD el indicador en 2005 (tras la crisis) todavía estaba por debajo del valor del año 2000. Esto refleja la fuerte pérdida de riqueza de los argentinos en ese bienio crítico.

Durante el boom 2003–2011, el ingreso per cápita volvió a crecer con vigor gracias a la expansión económica. Argentina aprovechó términos de intercambio favorables y políticas de redistribución, logrando en 2011 el punto más alto de ingreso real de su historia reciente (alrededor de US$23.900 PPA). En ese período, millones de personas salieron de la pobreza y mejoró la distribución del ingreso. Sin embargo, a partir de 2012 el crecimiento económico se estancó y luego vinieron nuevas caídas.

Las crisis de 2018–2019 produjeron un fuerte descenso del INB per cápita. Entre 2017 y 2019, con la recesión y devaluación, el ingreso per cápita bajó de US$22.960 a US$21.190 (PPA). Es decir, en solo dos años de crisis se perdió alrededor de un 8% de ingreso medio. Esta caída contrastó con la continuidad de mejoras en salud y educación en el mismo lapso mientras el ingreso se contraía, la esperanza de vida subió de 76,4 a 76,7 años y la escolaridad promedio de 10,6 a 10,9 años, dejando en claro que el componente económico es el más vulnerable frente a los shocks.

La pandemia de 2020 provocó otro profundo bache: el ingreso per cápita cayó junto con el PBI, revirtiendo ganancias recientes. Hubo una leve recuperación en 2021–2022 con el rebote económico, pero nuevamente en 2023 el ingreso real volvió a disminuir en medio de la estanflación. De hecho, según el PNUD (2023) Argentina fue una excepción en la región, ya que mientras América Latina en promedio aumentó su ingreso per cápita en 2022–2023, Argentina sufrió una caída de -2,75% en ese periodo. Esto evidencia una trayectoria económica divergente y frágil en el componente de nivel de vida.

Como resultado de estas oscilaciones, Argentina no ha logrado sostener ganancias continuas de ingreso a largo plazo. Después de más de una década perdida (2011–2022), el INB per cápita de 2022 seguía por debajo del pico de 2011, y el país fue perdiendo posiciones relativas. Por ejemplo, entre 2011 y 2022 el INB per cápita argentino pasó de ser el 62% del promedio de los países de desarrollo humano muy alto al 49% de dicho promedio. También en comparación con sus vecinos, Argentina vio reducir su ventaja: a inicios de los 2000 su ingreso por habitante superaba en 60% la media latinoamericana, mientras que hoy es alrededor de 46% superior. El componente de ingresos demuestra la falta de resiliencia macroeconómica del país, cada crisis borra en poco tiempo los avances de varios años, revelando la necesidad de mayor estabilidad y políticas anticíclicas para proteger el bienestar material de la población.

Se presenta una tabla resumen de la evolución de los componentes del IDH en algunos años clave:

Tabla 1: evolución de los componentes del IDH (1990-2023).

En la tabla observamos el contraste entre la mejoría sostenida de los indicadores de salud y educación y la trayectoria volátil del ingreso. Salud y educación muestran incrementos continuos en cada intervalo considerado, mientras que el ingreso per cápita sufre altibajos (por ejemplo, 2019 es inferior a 2010). Para 2023, Argentina presenta valores muy elevados en esperanza de vida y escolaridad para la región (coherentes con un desarrollo humano alto), pero su ingreso per cápita –si bien mayor al promedio regional– se ha rezagado respecto a décadas anteriores debido a las recurrentes crisis.

Resiliencia de los componentes del IDH y el rol de las instituciones

Del análisis anterior se desprende que los componentes sociales del desarrollo humano (salud y educación) han sido comparativamente más resilientes en Argentina que el componente económico. Las razones de esta resiliencia relativa están vinculadas con la fortaleza institucional en políticas sociales y el esfuerzo deliberado por proteger a la población en épocas de crisis:

Protección de la salud y la educación: Argentina históricamente ha mantenido un alto gasto social y un fuerte compromiso con el bienestar. En 2018, por ejemplo, el conjunto de las políticas sociales (seguridad social, salud, educación, asistencia) representaba cerca del 30,8% del PIB –una de las proporciones más altas de la región–. Esto se traduce en sistemas públicos de salud y educación relativamente extensos. Durante las crisis económicas, a pesar de restricciones fiscales, el país procuró sostener la inversión en estas áreas críticas. La existencia de servicios de salud públicos (hospitales gratuitos, programas de vacunación, etc.) aseguró que incluso con caída de ingresos las personas pudieran seguir accediendo a atención básica, evitando aumentos bruscos de mortalidad. De igual modo, la educación pública gratuita permitió que la mayoría de los niños y jóvenes continuaran escolarizados a pesar de las dificultades económicas de sus familias, evitando una “generación perdida” en términos educativos. Estas instituciones actuaron como colchón social durante las recesiones, amortiguando el impacto en el desarrollo humano.

Tras la crisis de 2001–2002, Argentina amplió significativamente sus programas de protección social para fortalecer la resiliencia ante futuras crisis. Un hito fue la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) en 2002, un programa de empleo y transferencia de ingresos de emergencia que llegó a cubrir a 2 millones de personas (aprox. 10% de la población de 18–65 años). Este plan brindó un ingreso mínimo a los hogares sin trabajo, mitigando los efectos sociales de la crisis de 2001 y estableciendo un piso de protección para los más pobres. Si bien el PJJHD era focalizado y temporal, sentó las bases para políticas permanentes de protección. Años después, en 2009, se introdujo la Asignación Universal por Hijo (AUH), una transferencia condicionada que garantiza un ingreso básico a familias vulnerables a cambio de asistencia escolar y controles de salud de los niños. La AUH, que hoy alcanza a unos 4 millones de niños, se ha convertido en una pieza clave del sistema de seguridad social argentino, reduciendo la pobreza infantil y mejorando indicadores educativos (al condicionar la concurrencia a la escuela). Gracias a este tipo de programas, durante la crisis 2018–2019 y durante la pandemia, muchas familias contaron con redes de contención que amortiguaron parcialmente la caída de ingresos y evitaron que el deterioro económico se tradujera proporcionalmente en peores resultados en salud o educación.

En contraste, el componente de ingreso ha sido el más difícil de proteger frente a las turbulencias macroeconómicas. Si bien también existen políticas orientadas a este frente (como controles de precios, incrementos del salario mínimo, moratorias previsionales y bonos a sectores vulnerables), la magnitud de las crisis financieras y cambiarias muchas veces ha sobrepasado la capacidad de respuesta en el corto plazo. La alta inflación crónica y las devaluaciones recurrentes erosionan los salarios reales y ahorros, afectando directamente el IDH en su dimensión de nivel de vida. La experiencia argentina sugiere que, por sólido que sea el sistema de protección social, no es posible compensar totalmente los shocks macroeconómicos en términos de ingresos medios de la población. Por ello, el país ha visto estancado su indicador de INB per cápita en las últimas décadas, lo que a su vez ha limitado el avance del IDH total a un ritmo inferior al potencial.

La trayectoria del desarrollo humano argentino, tal como se ha venido argumentando en capítulos anteriores, depende menos del simple crecimiento agregado que de la forma en que la sociedad moviliza recursos hacia los servicios básicos. Para someter esta hipótesis al escrutinio empírico se estimó el siguiente modelo econométrico definido de la forma:

La ecuación, ajustada por mínimos cuadrados ordinarios, donde GPS y GPE son el gasto público destinado a la salud y educación respectivamente, el PIB per cápita real y la inflación rezagada un año; el Índice de Desarrollo Humano (IDH) actúa como variable dependiente. El ejercicio econométrico arroja un grado de explicación elevado del índice de desarrollo humano (R2 = 0,886; R2 ajustado = 0,87; F (4, 27) = 52,9; p < 0,001), confirmando la pertinencia de los determinantes seleccionados. Sin embargo, la lectura de los coeficientes ofrece matices que, más que desmentir, enriquecen la mirada desarrollada hasta aquí.

En primer lugar, el gasto público en educación mantiene un efecto positivo y claramente significativo sobre el IDH, coherente con la idea de que la expansión de capacidades cognitivas y la acumulación de capital humano continúan siendo el canal privilegiado para ampliar libertades reales. En segundo término, la inflación moderada presenta un signo positivo, lo que sugiere que, en el rango de variaciones observado, las transferencias compensatorias han logrado preservar el poder de compra de los hogares frente a alzas de precios. Más llamativo es el signo negativo del PIB per cápita, indicio de que el crecimiento del ingreso, aislado de la inversión social, no garantiza por sí mismo mejoras
proporcionales en bienestar. Este hallazgo corrobora la crítica de Sen al reduccionismo monetario: la riqueza sólo es funcional al bienestar si se canaliza hacia servicios y bienes públicos que amplíen las capacidades efectivas de la población.

El dato que sobresale, sin embargo, es la ausencia de significancia estadística del gasto público en salud. Lejos de invalidar la importancia de la dimensión sanitaria, este resultado abre la puerta a una interpretación más amplia: tal como documenta Messa-Lago, el financiamiento de la salud en la Argentina descansa sobre un entramado tripartito –sector público, seguridad social y sector privado– cuya complejidad excede la capacidad de un único indicador presupuestario para captar la incidencia total de los recursos. El propio Ministerio de Salud recuerda que “el sistema de salud argentino se caracteriza por su fragmentación en tres subsistemas: público, seguridad social y privado” (Ministerio de la salud. 2025) Al restringirnos al primer pilar, el modelo omite las erogaciones de origen contributivo (salud de la seguridad social) y las de origen voluntario (gasto de bolsillo y planes privados), que en conjunto representan en torno al 60 % del gasto total en salud (Ministerio de la salud,2025).

Las cifras recientes refuerzan esta lectura. En 2022, el gasto total en salud ascendió a 8,7 billones de pesos corrientes; de ellos, el sector público aportó apenas el 26,3 %, la seguridad social el 31,9 % y el sector privado el 41,8 %. El predominio privado no es coyuntural: el gasto privado superó el 41 % de participación en los dos últimos años de la serie, alcanzando su máximo histórico en 2022 (41,8 %). Por su parte, dentro de la seguridad social, las Obras Sociales Nacionales concentran alrededor del 75 % de los beneficiarios y exhiben un nivel de gasto per cápita superior al de las provinciales, mientras que, en el ámbito público, son las provincias las responsables de entre el 61 % y el 67 % del desembolso estatal. Estos rasgos explican que la métrica “gasto público” represente, en el mejor de los casos, poco más de la cuarta parte del caudal financiero que efectivamente sustenta la atención médica (Ministerio de la salud,2025).

Así, la “intrascendencia” econométrica del gasto público en salud debe leerse como un recordatorio del peso que adquieren los flujos privados –seguros, prepagas y gasto de bolsillo– y los aportes contributivos de la seguridad social. De hecho, el informe oficial subraya que la metodología contable vigente tiende incluso a sobreestimar la cuota estatal y a subestimar la privada, al incluir el gasto de capital del sector público y excluir el del sector privado El mensaje, entonces, no es que el Estado sea irrelevante, sino que su influencia se despliega en un escenario donde otros dos actores canalizan más de dos terceras partes de los recursos y, por tanto, comparten la responsabilidad de los resultados sanitarios.

La evidencia de las cuentas nacionales otorga coherencia externa a los hallazgos del Modelo 12 y permite reinterpretar su principal paradoja. Si el financiamiento sanitario descansa mayoritariamente en la
seguridad social y en el sector privado, resulta lógico que el presupuesto estatal, aislado de aquellos, explique una fracción limitada de la variación en el IDH. De igual modo, el efecto positivo de la inflación y la elasticidad negativa del ingreso encuentran justificación en la forma en que los hogares ajustan su gasto privado en salud: cuando los salarios pierden poder adquisitivo, las cuotas de prepagas y el gasto de bolsillo se vuelven más gravosos, comprometiendo la accesibilidad y la cobertura efectiva

En suma, el modelo econométrico construido no cuestiona la relevancia de la salud; más bien confirma que lo sustantivo es cómo se financia. La estructura tripartita funciona como un entramado de vasos comunicantes: el Estado garantiza la red básica, la seguridad social redistribuye riesgos entre asalariados y jubilados, y el sector privado complementa –o sustituye– coberturas según la capacidad de pago. Que el gasto público resulte estadísticamente neutro no implica prescindir de él, sino reconocer que su potencia depende de su articulación con los otros engranajes financieros. De ahí la pertinencia, para futuras estimaciones, de incorporar el gasto de las obras sociales y las erogaciones privadas, así como indicadores de resultado sanitario que capturen la eficiencia de la inversión, no sólo su volumen.

La lectura integrada de la evidencia econométrica y de la contabilidad nacional refuerza, por último, la tesis general de esta investigación: la resiliencia del desarrollo humano argentino se explica menos por la expansión del ingreso que por la densidad institucional de sus políticas sociales. En el campo de la salud, esa densidad se manifiesta en la convergencia –a veces tensa, siempre decisiva– entre Estado, seguridad social y sector privado.

Reconocerla no sólo aclara los resultados del modelo; también orienta la agenda de política pública hacia la necesidad de fortalecer los puentes de coordinación y transparencia entre los tres subsistemas, condición indispensable para que el financiamiento sanitario siga operando como motor –y no como rémora– del bienestar colectivo.

Conclusiones

La conclusión que se expone a continuación vincula los resultados econométricos con los objetivos planteados, responde a la pregunta de investigación y perfila nuevas rutas de indagación que permitan profundizar la comprensión del desarrollo humano en contextos de volatilidad macroeconómica.

La evidencia confirma que la estabilidad del Índice de Desarrollo Humano argentino descansa principalmente en la densidad institucional de las políticas sociales. El gasto público en educación mantiene un coeficiente positivo y significativo, lo que subraya la función estratégica del capital humano para preservar y ampliar las capacidades individuales frente a crisis recurrentes. El ingreso real per cápita, evaluado sin la mediación de inversión social, exhibe una elasticidad negativa, indicio de que el crecimiento económico, por sí mismo, no se traduce en bienestar proporcional. Al mismo tiempo, la inflación rezagada se asocia de forma positiva con el índice, dato que sugiere la eficacia de transferencias compensatorias para salvaguardar el poder adquisitivo. La falta de significancia del gasto público en salud revela la necesidad de considerar la interacción entre Estado, seguridad social y sector privado, pilares que, en conjunto, financian y gestionan la atención sanitaria.

La Tabla 3 muestra que, entre 2017 y 2022 la participación del gasto privado en salud pasó de 31.4 a 41.1 por ciento, mientras que la cuota del gasto de obras sociales se redujo de 39.1 a 31.9 por ciento. Esta tendencia sugiere un desplazamiento progresivo de la carga financiera hacia los hogares y las aseguradoras privadas, indicio de que el sistema de seguridad social ha registrado una evolución insuficiente respecto de las nuevas demandas demográficas y epidemiológicas. Aunque este viraje no se refleja de forma inmediata en la métrica del IDH, acarrea implicaciones relevantes para el bienestar, pues incrementa los costos de acceso y expone las limitaciones de un indicador que, en su dimensión sanitaria, no capta la calidad ni la equidad del financiamiento.

La trayectoria del IDH entre mil novecientos noventa y uno y dos mil veintidós confirma que la dimensión ingreso es la más vulnerable, mientras que salud y educación exhiben mayor robustez. Esta constatación responde a la pregunta central de la investigación: la convergencia de una red estatal de servicios básicos, un sistema de seguridad social que redistribuye riesgos y un mercado privado que complementa la cobertura según la capacidad de pago permite sostener niveles elevados de bienestar a pesar de shocks macroeconómicos severos.

Resulta imprescindible incorporar el gasto contributivo de las obras sociales y el gasto privado en salud con el fin de capturar la incidencia total de la inversión sanitaria sobre el bienestar; además, la inclusión de indicadores de resultado, como mortalidad evitable o cobertura efectiva, permitirá medir la eficiencia del gasto social y sortear las limitaciones evidenciadas por el IDH. El empleo de modelos de panel a escala provincial revelará heterogeneidades territoriales y efectos fijos subnacionales,
mientras que el uso de métodos contrafactuales y la comparación con países latinoamericanos con estructuras socioeconómicas afines dotará de validez externa a los hallazgos y enriquecerá la comprensión regional de la resiliencia social.

La investigación aporta, en el plano académico, evidencia que respalda la crítica al reduccionismo monetario y evidencia que el ingreso potencia el desarrollo únicamente cuando se canaliza hacia bienes y servicios que amplían las libertades efectivas. Desde la perspectiva normativa, orienta las políticas públicas hacia una coordinación más transparente entre los subsistemas de financiamiento social; dicho enfoque se vuelve indispensable para que la inversión en salud y educación actúe como motor del bienestar colectivo y mitigue las inequidades derivadas del creciente peso del financiamiento privado.

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Anexo